La sorprendente posición de la Fiscalía Superior de Catalunya, que se opone a conceder el indulto total o parcial a la expresidenta del Parlament y de Junts Laura Borràs, pese a que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que la condenó a cuatro años y medio de prisión y a trece años de inhabilitación a cargo público, por el caso de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), demuestra hasta qué punto la persecución política es capaz de pasar por encima de cualquier otra consideración. Con el caso ya juzgado y con la condena firme, sobre la que se podrían discutir muchas cosas, de lo que se trata ahora ya no es de su inocencia o su culpabilidad. Lo que se discute ahora y fue lo que entendió el tribunal que la juzgó y por eso propuso su indulto parcial —hasta dos años de cárcel— para evitar su entrada en un centro penitenciario, es si la condena a Borràs por los delitos de prevaricación y falsedad documental —al conceder unos trabajos de la web de la ILC a un amigo sin mediar concurso público— es o no es exagerada.

Se produce en pocas ocasiones que el tribunal juzgador pida el indulto en su sentencia y sea después la fiscalía quien se oponga. Seguramente, expertos con mayor conocimiento que yo podrían poner muchos más ejemplos de ello. Porque estamos hablando de la misma fiscalía de la que el presidente Pedro Sánchez, ya en el cargo, en una entrevista y a la pregunta de cuál sería la posición del Ministerio Fiscal, señaló: “¿La Fiscalía de quién depende?… Pues ya está”.  No es el único caso. En pleno procés, en una conversación del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con el director de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, el primero afirmó: “Esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión”.  ¿Qué nos hemos perdido entonces para que la fiscalía de Catalunya a través de su representante en el caso, Assumpta Pujol, una de las pocas fiscales que habla en catalán, a través de una argumentación que tiene una base muy técnica y muy dura, haya firmado este escrito?

La experiencia no permite ser muy optimista

Por rango jerárquico es una posición que llega hasta el fiscal general del Estado, quien, por cierto, ya ha declarado como investigado por un presunto delito de revelación de secretos. ¿Está avalada la posición por Álvaro García Ortiz? ¿Forma parte de la guerra de la fiscalía y alguien ha querido propinarle un coscorrón en la cabeza a Borràs? Sea como sea, una vez más las consecuencias de ello afectan negativamente a lo que cabía esperar de la fiscalía en función de las expectativas que había. Vale la pena aquí recordar qué decía la sentencia del TSJC en sus conclusiones: “Primero: Elevar al Gobierno de la Nación, a través del Sr. Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, una propuesta de indulto parcial en favor de la penada Sra. Laura Borràs en referencia exclusivamente a la pena de prisión que le ha sido impuesta en la sentencia núm. 1/23 dictada por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 29 de marzo de 2023, y únicamente por el tiempo que exceda de los dos años como duración máxima; debiendo acompañar a dicha propuesta el informe preceptivo, que se extraerá del FJ5.3 de la sentencia de condena, la hoja histórico-penal de la penada y un testimonio de la sentencia de condena”. La condena había sido de 4 años, seis meses y un día y la inhabilitación de 13 años.

Por suerte, queda el cartucho definitivo, el del Gobierno, que, al final, es quien debe conceder el indulto escuchando a las partes, que son el tribunal y la fiscalía. Borràs tendrá el indulto casi con toda seguridad, pero el caso se habrá llevado hasta el final y, francamente, no queda muy bien que un Gobierno al que Junts le está sacando de tantos problemas, no solo políticos, tenga por el camino tantas sorpresas de última hora. Todo ello en un mes de junio que se prevé caliente informativamente por varios temas de una importancia capital: la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de Amnistía y sobre la que ya se sabe desde hace meses que el pronunciamiento será avalar su constitucionalidad, aunque falta la letra pequeña sobre la malversación. Comprobar si el TC entra en este terreno y acota las maniobras del Supremo. La experiencia no permite ser muy optimista y todo apunta a que el TS hará de su capa un sayo que, en la práctica, quiere decir que la élite de los políticos sin amnistía seguirán sin superar el filtro un tiempo más. Y, en la agenda también de este mes, el nuevo debate sobre la oficialidad del catalán a finales de mes. Pero de eso ya habrá tiempo para hablar.