La Fiscalía Superior de Catalunya se opone a conceder el indulto "ya sea total o parcial" a la expresidenta del Parlament y de Junts, Laura Borràs. Así lo ha comunicado este lunes. El Tribunal Superior de Justicia Catalunya (TSJC), que condenó a Borràs a cuatro años y medio de prisión y a trece años de inhabilitación a cargo público por el caso de la Institució de les Lletres Catalanes, impulsó su indulto parcial (hasta dos años de prisión) para evitar su entrada en un centro penitenciario. Ahora, la Fiscalía sostiene que es "injustificado". El Ministerio Fiscal argumenta que la condena "no es desproporcionada", que Borràs "no ha admitido la acción delictiva" y que actualmente es profesora titular de la Universitat de Barcelona (UA) y, "que en el ejercicio de este trabajo público, puede perfectamente reproducir conductas de abuso de poder, adoptar resoluciones injustas, falsear o alterar documentos oficiales o defraudar la Administración".
El Tribunal Supremo confirmó la condena a Borràs por los delitos de prevaricación y falsedad documental —al conceder unos trabajos de la web de la ILC a un amigo sin concurso, que realizó, entre los años 2013 y 2017—, el pasado febrero, y el TSJC le suspendió la aplicación del castigo hasta que el gobierno español resuelva si le concede el perdón. El alto tribunal español, además, le denegó la amnistía. La Fiscalía Superior de Catalunya, que dirige Francisco Bañeres, no se opuso a la suspensión de la pena de prisión, pero pidió que se le aplique ya la suspensión de ocupar cargo público, como hizo el TSC. Ahora, además, como es preceptivo, la Fiscalía ha informado al gobierno del PSOE de que no le corresponde este indulto parcial. En concreto, Borràs, cuando era directora de la ILC, realizó contratos fraccionados y adjudicó a Isaïas Herrero (que aceptó una pena de dos años de prisión al admitir los hechos, junto con su colaborador) los servicios informáticos de la ILC, que suman 335.700 euros. El TSJC deja claro en la sentencia que "no hay constancia de que los trabajos tuvieran un coste inferior al realmente satisfecho por la ILC". Es decir, los trabajos fueron llevados a cabo y correctamente.
Propuesta de indulto total
En el expediente, una ciudadana, Margarida Aritzeta Abad, solicita que sea concedido a Laura Borràs el indulto total de las penas de inhabilitación especial y de prisión impuestas en el caso de la Institució. Fundamenta su petición en la negación del carácter delictivo de los hechos por los cuales ha sido condenada la expresidenta de Junts y en la afirmación de que "ha sido víctima de una persecución judicial, policial, política y mediática (lawfare) durante muchos años."
"Abuso de poder"
Sin embargo, la fiscal Assumpta Pujol manifiesta en el escrito que, en contra de lo argumentado por el TSJC en la sentencia de Borràs, la Fiscalía "no aprecia que la aplicación estricta de la ley conduzca a una respuesta punitiva absolutamente desproporcionada para la realidad que subyace en el comportamiento juzgado, ni tampoco que concurran razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen la concesión del indulto total", como alega la ciudadana.
Pujol sostiene: "Los hechos que motivan la sentencia de condena responden a una actitud de abuso de poder con el fin de favorecer el lucro de un amigo en perjuicio de los terceros que habrían podido concurrir si no se hubiera actuado al margen de la ley. En consecuencia, estamos ante un delito que se enmarca en el concepto de corrupción administrativa y, por lo tanto, difícilmente susceptible de beneficiarse del derecho de gracia".
La fiscal de la Fiscalía Superior de Catalunya expresa que en el caso de la expresidenta del Parlament no encajan los supuestos que marca la ley para conceder el indulto, como por ejemplo haber transcurrido mucho tiempo o haber admitido la acción delictiva. Y concluye: "La conducta delictiva de Borràs es claramente merecedora de la imposición de las penas legalmente prevista y, por ahora, las penas impuestas no han cumplido la finalidad preventiva general y especial, razón por la cual es necesario su cumplimiento para evitar la comisión de nuevos delitos y afianzar la credibilidad en el sistema judicial y en el buen funcionamiento de las instituciones públicas".