El movimiento de Pedro Sánchez avanzando que el PSOE vetará que los jueces tengan que declarar en las tres comisiones de investigación creadas por el Congreso —Operación Catalunya, atentados del 17-A y Pegasus—, en contra de las peticiones de Esquerra Republicana y de Junts, tiene dos claves: primero, tratar de distender las relaciones de la Moncloa con la judicatura y poner en valor el papel del nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, frente a las demandas del partido de Carles Puigdemont y las exigencias públicas de Míriam Nogueras y de Josep Rius. En segundo lugar, tratar de introducir una mínima agenda que le permita marcar distancias de sus socios de investidura en aquellas cuestiones en las que no tienen un acuerdo firmado.

La posición de Sánchez, alineándose con el PP y con Vox en su oposición a que los jueces tengan que comparecer en las comisiones, no mejorará sustancialmente las difíciles relaciones del PSOE con la judicatura, pero tampoco las empeorarán. Es algo más que un alivio para los jueces, que, por otro lado, tampoco pensaban acudir, ya que entienden que no están obligados a comparecer en las comisiones de investigación de las Cortes. Ante este pulso institucional, Sánchez hace lo que mejor sabe hacer: defender que su compromiso eran la creación de las comisiones de investigación y que para ello los independentistas tuvieron los votos de los diputados socialistas en las tres. Y, en puridad, es así. Otra cosa es que una parte de la investigación quede coja y no se pueda avanzar hasta el final, pero en ello los socialistas se van a lavar las manos.

Es obvio que el PSOE tiene una perspectiva diferente de los acuerdos suscritos con los independentistas y es la que va a tratar de hacer valer. Y no parecen dispuestos a pagar lo que no han firmado o, si han de hacerlo, que sea lo más tarde posible. En esa foto que radian los socialistas han cumplido tanto con Junts como con ERC, además de con las comisiones parlamentarias, con la proposición de ley de amnistía. Una proposición, por cierto, que va a tener correcciones por la vía de enmiendas por parte de los independentistas y que los socialistas, reacios a ello, van a quererse cobrar adecuadamente. Cuando la política solo es una transacción de intereses, estas cosas acostumbran a pasar.

Vamos a ver en los próximos meses cómo se envidan los socialistas y los independentistas, con sus agendas respectivas y sus procesos electorales por en medio

Con Junts, también está en marcha el tema del catalán como lengua oficial en la UE; se ha reunido la mesa de negociación con un mecanismo entre las dos organizaciones, internacional, que tiene las funciones de acompañar, verificar y hacer seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos a que se llegue, y se celebrará a principios del próximo año, seguramente en enero, una reunión en Bruselas entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Con Esquerra, ha habido el anuncio de la transferencia de Rodalies; se reactivará la mesa entre los dos gobiernos, y se reunirá por separado tanto con Oriol Junqueras como con Pere Aragonès. A Bildu le ha entregado la alcaldía de Pamplona y con el PNV se ha comprometido al traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social en dos años. Todo este paquete cierra, en opinión de Pedro Sánchez, la fase investidura.

Vamos a ver en los próximos meses cómo se envidan los socialistas y los independentistas, con sus agendas respectivas y sus procesos electorales por en medio. Claro que hay en el horizonte una posible moción de censura a Pedro Sánchez, pero esa posibilidad es más aritmética que política, ya que el PP, de la mano de Vox y con continuas embestidas al catalán y a todo lo que tiene que ver con la identidad catalana, no hace sino cerrarse puertas. Y con esta situación, los socialistas acaban teniendo coalición para tiempo.