La compañía Vueling ha provocado en las últimas horas un evidente caos en el aeropuerto de Barcelona que ha afectado a miles de pasajeros que han quedado en tierra en el inicio del período vacacional o no han podido regresar a Catalunya. La situación ha sido especialmente tensa este viernes, aunque las quejas ya se iniciaron en los días anteriores, y la Generalitat ha anunciado la apertura de un expediente clarificador, quizás el paso previo a la sanción de la compañía aérea.
No es la primera vez que sucede y tampoco será la última que los problemas de una compañía acaban derivando en un mal servicio que acaba en un contencioso siempre entre pasajeros y empresa aérea, ya que poco más se puede hacer con la legislación actual. El caso de Vueling es especialmente delicado para el aeropuerto de Barcelona, ciudad donde tiene su base operativa desde que inició sus operaciones en julio de 2004. Hay que reconocer, en el saldo positivo, que esta apuesta de la compañía privada ha sido muy beneficiosa para la capital catalana, que ha incrementado sustancialmente los destinos internacionales desde el aeropuerto de El Prat.
Pero ello no es óbice para que Vueling haya practicado la técnica de una información opaca que ha perjudicado enormemente a los pasajeros, que han carecido de la más mínima atención respecto a su viaje programado. La Generalitat, en el marco de sus competencias, debe ser implacable si quiere preservar la más mínima credibilidad de un aeropuerto que no gestiona pero cuyas repercusiones negativas siempre son malas para Barcelona y para Catalunya. No es ni el primer verano ni el primer período vacacional que surgen problemas con Vueling y que se producen retrasos importantes o cancelaciones. Y no es suficiente con pedir a los damnificados que realicen la correspondiente denuncia. Porque, al final, solo la dureza de la administración sirve como advertencia para evitar que vuelva a pasar.