Con muchas de las carpetas de la negociación avanzadas —falta, por ejemplo, perfilar la coordinación de los grupos parlamentarios en Madrid—, otras precariamente hilvanadas tras un encaje de bolillos pero con un cierto acuerdo —el Consell per la República versus los dos años para intentar explorar los límites de una negociación con Madrid— y la gran mayoría de temas conflictivos del programa más que encarrilados, se verán hoy las caras en la prisión de Lledoners los dirigentes de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya con la aparente intención de darle un empujón a la negociación del Govern surgido de la mayoría independentista de las elecciones del pasado 14 de febrero.

A expensas de que el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, también preso en Lledoners, se incorpore al cónclave independentista, estarán presentes, entre otros, los dos máximos dirigentes de ambos partidos, sobre los que ha recaído una parte importante de la negociación: Pere Aragonès, en su condición de presidenciable indiscutible al ser la primera fuerza independentista en los comicios y representante de los 33 escaños de ERC, y Jordi Sànchez, el secretario general de Junts que lleva la batuta de la organización de Puigdemont y que ha ocupado en estas pocas semanas todo el espacio político de su formación en las negociaciones. Aragonès y Sànchez, que han mantenido un diálogo telefónico fluido pese a los desencuentros que se producían en la mesa de negociación entre los dos partidos, tienen un elemento en común: el primero ya ha verbalizado que no quiere ser un presidente tutelado, eso que en el argot de la legislatura anterior el president Quim Torra llegó a definir como un presidente vicario; Jordi Sànchez tampoco tiene el rol de un secretario vicario y, como ya ha podido comprobar ERC, su autonomía en muchas de las decisiones es importante. 

De la reunión de este martes nadie espera un acuerdo final, pero sí que se puedan sentar algunas bases para un empujón definitivo. También se abordará la estructura del nuevo gobierno en la que hay que encajar, a priori, las tres conselleries nuevas —Feminisme, Canvi Climàtic y Universitats— que quiere incorporar Esquerra y que, seguramente, para un reparto equilibrado obligará a fusionar alguna de las ya existentes. La que tiene más números es Justicia con Interior. Pero todo eso aún está más verde de lo que a muchos les parece, ya que la disputa por el 50% del Govern que a cada uno le tocaría no va a ser ni sencilla ni fácil.

Y es que, al final, los gobiernos de coalición tienen una enorme complejidad y el recuerdo de lo que ha sucedido entre Esquerra y Junts desde el 2017 no es un acicate para cerrar con urgencia un acuerdo sin entrar hasta los últimos detalles. La ausencia de gobiernos de coalición durante décadas en Catalunya ha generado una falsa idea de lo que son las negociaciones de este tipo. Se discute de poder, obviamente, y del reparto del mismo. Y en la disputa siempre hay algo más que arañazos, ya que en ocasiones hay cesiones dolorosas: el paso al lado de Artur Mas tras el veto de la CUP fue una de estas situaciones excepcionales, solo comprensible por su deseo de salvar el procés. Obviamente, ahora la situación no es tan extrema y ERC ha cerrado un acuerdo con la CUP que no le permite gobernar, pero sí que los anticapitalistas no sean un problema. Un documento que va a enmendar Junts en algunos aspectos, seguramente.

La reunión de Lledoners, que el unionismo critica, tiene una gran virtud: visualizar que la represión policial, judicial y política en Catalunya continúa y que lamentablemente los acuerdos políticos no se pueden hacer en total libertad habiendo, como hay, presos políticos.