Quizás sea normal que, en un país tan antinuclear como España —¡cuanto daño ha hecho en esta cuestión una determinada izquierda!—, el debate sobre el futuro de las centrales nucleares en funcionamiento se esté orillando hacia posiciones exclusivamente ideológicas y a los ciudadanos se les explique poco el coste que una decisión así acabaría teniendo. Como si adoptar un camino u otro no tuviera consecuencias económicas a futuro, tanto de seguridad eléctrica en el territorio como del coste de la energía. Habría que escuchar más a los estados que antes que nosotros decidieron emprender este camino y que balance hacen ahora. Por eso, llama poderosamente la atención la contundencia del canciller democristiano Friedrich Merz, que no ha tenido reparo alguno en reconocer que fue un grave error estratégico abandonar la energía nuclear y que, fruto de aquella decisión equivocada, Alemania estaba llevando a cabo la transición energética más costosa del mundo entero. "No conozco ningún otro país que haga las cosas tan difíciles y tan caras como Alemania", ha sentenciado.

En España se encuentran en funcionamiento, en estos momentos, siete reactores nucleares (Almaraz I y II, en Cáceres; Ascó I y II, en Tarragona; Cofrentes, en Valencia; Vandellòs II, en Tarragona, y Trillo, en Guadalajara). No perdamos de vista el porcentaje: tres en Catalunya, en la provincia de Tarragona, y cuatro en España. Otro dato: de acuerdo con la información suministrada por Red Eléctrica, la tecnología nuclear produjo cerca del 20 % de la electricidad del país en 2024, y en 2025 su cuota fue tan solo unas décimas menos. Según el calendario pactado en 2019 por gobierno, sindicatos y empresas, Almaraz I sería la primera en cerrar (1 de noviembre de 2027), seguida de Almaraz II (31 de octubre de 2028). En 2030 se desmantelarían Ascó I y Cofrentes; en 2032, Ascó II, y en 2035, Vandellós II y Trillo. Catalunya tiene, por tanto, su primer match ball dentro de cuatro años; o sea, ya. Un elemento final a poner encima de la mesa: la central nuclear de Santa María de Garoña, situada en el término municipal de Valle de Tobalina (Burgos), fue la última que cesó su explotación, en julio de 2013.

Merz ha reconocido que fue un grave error estratégico abandonar la energía nuclear y que, fruto de aquella decisión equivocada, Alemania estaba llevando a cabo la transición energética más costosa del mundo entero

En las últimas horas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha participado en el foro internacional Spain Investors Day, ha avisado a las empresas eléctricas que el pacto llevado a cabo en 2019 está vigente y que el ejecutivo va a seguir trabajando en esta dirección. Dada las actuales mayorías parlamentarias en el Congreso de los Diputados, su amenaza tiene mucho de humo, ya que cuesta de ver donde puede estar ese bloque político que acompañe a la izquierda en un camino como este. Ha habido, ciertamente, votaciones recientes en el Congreso que han arrojado resultados dubitativos, pero han sido en el contexto de las elecciones extremeñas y relacionadas con la central de Almaraz I. Es muy difícil que una situación similar se acabe produciendo en Catalunya, dado que la posición histórica del nacionalismo catalán —y más recientemente de Junts— en esta materia ha sido poco dudosa a favor de alargar la vida de las nucleares en el actual contexto: los precios del gas aumentaron con motivo de la invasión de Ucrania, un conflicto aún no resuelto, arrastrando con ello a los precios en el mercado eléctrico en los meses de menor actividad eólica y solar, y se intensificó desde el apagón peninsular del pasado mes de abril.

Aunque es obvio que, en el actual contexto, una energía que aporta el 20% de la electricidad del país no puede desaparecer de la noche a la mañana y los riesgos de que un futuro presidente del gobierno pudiera hacer, dentro de unos años, una reflexión no muy alejada de la de Merz, el debate político sin números solo hace que enturbiar la discusión. En Catalunya, hay un amplio consenso empresarial y, con la boca pequeña, el Govern también podría estar de acuerdo en que la energía nuclear contribuye significativamente al desarrollo industrial, proporcionando electricidad a un coste competitivo y estable, lo que es esencial para mantener la competitividad de la industria. Además, el hecho de disponer de tres de los siete reactores nucleares activos en España hace que el mix de generación catalán sea casi un 60% de origen nuclear, evitando interrupciones en el suministro y asegurando una fuente de energía constante y firme. Algunos cálculos señalan, incluso, que sin energía nuclear el coste anual para la industria catalana se elevaría en 265 millones de euros. Una factura que tendría en el consumidor el último perjudicado.

Las palabras de Friedrich Merz reconociendo públicamente que la salida acelerada de la tecnología nuclear fue un error estratégico para Alemania no deberían caer en saco roto.