La secretaria general de la federación de empleados de servicios públicos de UGT de Catalunya, Encarna Fernández, ha instado a las administraciones a clarificar las implicaciones laborales de la remunicipalización de servicios públicos, tanto para los empleados de las concesionarias como para los de las administraciones. En una jornada del sindicato dedicada a este mismo asunto, ha asegurado que "no todo es tan sencillo como algunos dicen", ya que recuperar la gestión directa de un servicio o asumirla por primera vez requiere algo más que hacer pasar a los trabajadores a depender del capítulo de personal de los presupuestos públicos.
Debat al voltant de la gestió dels serveis públics des de la perspectiva sindical. https://t.co/4DvayJLfHs
— Serveis Públics UGT (@fespcat) 4 de abril de 2017
La vicesecretaria general del área externa de la federación, Montse Romero, ha indicado que hacen falta cambios legislativos y negociación colectiva. Eso incluye una serie de modificaciones que UGT ya está proponiendo para la ley de contratación pública que está tramitando el Congreso. En este sentido, la presidenta del Consell del CSITAL de Catalunya, Petra Sáiz, ha explicado que remunicipalizar requiere un análisis económico y jurídico que a su vez, sea "racional y desapasionado". Su receta incluye eficacia, eficiencia, economía, calidad o sostenibilidad.
Ofertas "temerarias"
El sindicado defiende novedades normativas para revertir la externalización de servicios públicos con garantías, y más medidas para controlar desde las administraciones que las concesionarias que seleccionan para una gestión indirecta ofrecen tanto el servicio como las condiciones de los trabajadores adecuados. De hecho, Romero ha puesto este último requisito en duda en el caso de ofertas "temerarias" de externalización con costes muy inferiores a los del presupuesto de licitación.
A todo ello, Fernández ha defendido más servicios para los ciudadanos y de mayor calidad, pero ha matizado que hay que ver si es posible económicamente asumirlos todos directamente desde las administraciones, y velar por que la gestión indirecta no implique recortar condiciones laborales. La secretaria general también ha añadido que existe preocupación entre los delegados sindicales sobre cómo puede afectar la remunicipalización, ya que "cada servicio y cada empresa es un mundo", aunque sí que ha puesto como ejemplo positivo a tener en cuenta la recuperación de la gestión pública de guarderías.