El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la cual determina que el Gobierno ha de devolver a los consumidores los fondos abonados para el mantenimiento de la plataforma Castor, fijado en 4.500 millones de euros. El alto tribunal ha dado la razón a la patronal catalana Cecot, que interpuso un recurso al considerar injusto que se repercutiera en particulares y empresas, a través del recibo del gas, este coste.
El almacén de gas Castor, situado delante de la costa de Castelló, cerró en el 2014 a causa de los movimientos sísmicos que causaba en la zona. El gobierno español puso fin a la concesión y acordó que se indemnizara a la empresa, ACS.
El Supremo ha sentenciado que el Estado tiene que reintegrar 18 millones de euros que ciudadanos y empresas han abonado entre el 2014 y 2015. El alto tribunal todavía tiene pendientes de resolver otros recursos.
El alto tribunal basa su sentencia en la dictada en diciembre del año pasado por el Tribunal Constitucional que anuló el diciembre del 2017 la indemnización acordada por decreto por el gobierno español de 1.350 millones de euros a las empresas, por considerarla inconstitucional.
El Supremo sostiene que una vez declarada la nulidad, "la administración tiene que obrar en consecuencia para traer a efecto este pronunciamiento anulatorio y, en su caso, adoptar las medidas procedentes para proceder al reintegro de las cantidades abonadas".
Inversión fallida
La patronal ha celebrado la sentencia. “Consideramos que el almacén Castor constituye una inversión fallida, en la cual prevaleció la construcción de la infraestructura por encima de su viabilidad, y no estamos de acuerdo con que los usuarios del gas tengan que asumir el coste cuando ni siquiera se ha llegado a poner en marcha”, reafirma Antoni Abad, presidente de la Cecot.
La Cecot mantiene impugnadas las órdenes ministeriales para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 del decreto del gobierno español y espera que las sentencias también serán favorables a los consumidoras de gas a los que el Gobierno debería reintegrar una cuantía aproximada de 200 millones de euros.