La Unión Europea cuestiona la política de Pedro Sánchez para frenar la crisis económica. Precisamente, quien marca el tempo de los intereses, el Banco Central Europeo (BCE) ha advertido este jueves en La Moncloa que se lo repiense dos veces antes de aplicar el impuesto en la banca anunciado y defendido, especialmente, por la banda del gobierno de Unidas-Podemos y que, actualmente, se encuentra en tramitación parlamentaria. Esta advertencia se ha lanzado en una jornada informativa sobre sostenibilidad y economía que se ha retransmitido en streaming públicamente. Así pues, desde la institución que preside Christine Lagarde, ha pedido a Sánchez que "haga una reflexión exhaustiva sobre las posibles consecuencias negativas que puede tener por el sector de la banca" y ha pedido que plantee un tributo "que no comporte riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos".

Así pues, desde el BCE se concluye que de no seguir estas directrices, el impuesto podría acabar repercutiendo sobre el crecimiento real y pondría en peligro "una falsa competencia que perjudicaría la igualdad de condiciones" en España dentro del mostrador europeo. El pasado mes de julio, el Gobierno presentó un proyecto de ley al Congreso para crear una tasa temporal sobre los bancos y las grandes empresas energéticas, con el objetivo de recaudar 7.000 millones de euros hasta el 2024 para aliviar las presiones del coste de la vida. Refiriéndose al proyecto de ley sobre los bancos, la ministra de Economía, Nadia Calviño, dijo en un acto empresarial que la legislación se modificaría finalmente "para poder financiar todas las medidas de apoyo a los ciudadanos y las clases medias y trabajadores". Entonces, las acciones de los bancos españoles eran las más rentables del índice IBEX -35, ya que Caixabank, Sabadell y Bankinter subían en torno a un 4%. Las acciones de las entidades bancarias mayores y diversificadas geográficamente, como Santander y BBVA, avanzaban un 3% y un 2%, respectivamente, por las expectativas de cambios al proyecto de ley.

Negativa de los bancos

El nuevo tributo, que está en fase de tramitación parlamentaria, es aplicar un tipo del 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones netas de los bancos durante dos años. El Gobierno decidió imponer este gravamen de manera temporal porque considera que la banca se beneficiaría de unas subidas de tipos que, si no fuera por las tensiones inflacionistas, se habrían producido de manera más gradual. Este impuesto ha sido duramente criticado por los bancos españoles en los últimos informes trimestrales presentados la semana pasada. A modo de ejemplo, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ya advirtió que el nuevo impuesto del Gobierno "es injusto, distorsionador y contraproducente", estimando que la aplicación de este gravamen podría costar a la entidad bancaria entre 400 y 450 millones de euros sólo el primer año. Según aseguró a mediados de verano el consejero delegado de CaixaBank, la rentabilidad media del sector bancario es del 5,37%, cosa que no implica esta excepcionalidad. Además, también ha recordado que son el sector menos rentable del Ibex.

Más frentes abiertos

En paralelo, otro impuesto a los llamados beneficios extraordinarios también trae cola. El nuevo impuesto a las energéticas grabará el importe neto de la cifra de negocios de 2022 y 2023, cosa que equivale a las ventas de bienes y prestaciones de servicios, al 1,2%. Se aplicará a partir de un umbral de 1.000 millones sobre este aspecto, tomando como referencia la cifra de cada compañía del 2019. El consejero delegado ejecutivo de Repsol, Josu Jon Imaz, se ha referido al impuesto que pretende imponer la UE a los denominados beneficios extraordinarios obtenidos por las petroleras y gasistas y ha dicho que la industria "no es un negocio regulado", por eso que no hay beneficios extraordinarios. E insistió en que las ganancias actuales «no compensan las pérdidas acumuladas» los ejercicios del 2019 y en el 2020 de 7.105 millones de euros.