Las promotoras inmobiliarias han cargado contra las políticas de vivienda en Catalunya de los últimos años. En concreto, han criticado el Decreto de medidas urgentes del acceso a la vivienda, aprobado por el Govern a finales de diciembre, y la obligación de destinar el 30% de las nuevas promociones en vivienda social, impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona.
"El efecto puede ser lo contrario en el deseado", ha advertido al consejero delegado de Construccions Salido-Carrió, Félix Salido, en el marco de la 'V Tribuna Immoscòpia', organizada por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPIO) de Barcelona y la Asociación Inmobiliaria de Catalunya.
En referencia a las perspectivas del 2020, las promotoras pronostican "estabilidad" y "continuidad" de las principales tendencias del año pasado. "Pensamos a largo plazo y dejamos el componente político al margen", ha pedido el director general de Cevasa, Donato Muñoz. El ejecutivo ha hecho referencia al aumento de los costes de la construcción y ha asegurado que la industrialización de las viviendas "llegará necesariamente" como un método para estandarizar los sistemas y la calidad de los inmuebles.
Según Muñoz, el principal problema del sector es la dicotomía entre "la capacidad económica de la demanda" y la oferta producida. En esta línea, el director general de SDIN Desarrollos Inmobiliarios, Francisco Pérez, ha pedido a las administraciones "aterrizar" y definir al modelo de control del alquiler. ¿"Queremos al modelo de California de 1973, que provocó la desaparición del 15% de las viviendas de alquiler del mercado?", se ha preguntado.
El director territorial de Catalunya AEDAS Hombres, David Gómez, también ha criticado el control del alquiler y ha asegurado que ninguna empresa privada "desarrollará un negocio que pierda dinero". En este sentido se ha pronunciado también Salido, que ha pedido seguridad jurídica, corresponsabilidad y rentabilidad para llevar a cabo una colaboración público-privada en término de vivienda.
Con respecto a la política del 30% aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona, el consejero delegado de Construcciones Salido-Carrió ha asegurado que provoca una "expulsión por arriba", ya que comporta un incremento en el precio del 70% restante. "No se pueden tomar medidas demagógicas porque no estamos en esta filosofía de mercado", ha asegurado.