Casi todas las portadas de este viernes 14 de abril se abren con la decisión de los accionistas de Ferrovial de trasladar la empresa (ex)española de infraestructuras a los Países Bajos. El cambio de sede no es solo una decisión administrativa y neutral. Tiene un trasfondo político grueso, dado que Ferrovial lo justifica en la "falta de seguridad jurídica" del estado español. Si es así, afecta a todos y cada uno, no solo a la multinacional. Este asunto demuestra que las grandes empresas están mejor protegidas que los ciudadanos: Ferrovial ha ignorado las amenazas y avisos del gobierno español y se ha marchado de España, cosa que ni tú ni tus vecinos, ni ningún otro grupo objetivamente identificable —Catalunya, por ejemplo, o Ceuta— está en condiciones de reproducir.
El argumento de Ferrovial tiene un punto. Las empresas de infraestructuras son intensivas en capital —usan mucho dinero para operar— y, para captarlo a la escala adecuada, hay que jugar en las grandes ligas financieras. Una es la Bolsa de Nueva York, donde Ferrovial quiere cotizar. Es la lógica empresarial: allí dispone del volumen de capital que le conviene y, además, el 75% de su valor patrimonial proviene de los Estados Unidos. La empresa considera, sin embargo, que la normativa española no deja claro cómo puede cotizar directamente en Nueva York. El Ministerio de Economía, de alguna manera, le da la razón al replicar que no hay ningún obstáculo legal para hacerlo, pero que es una vía "inexplorada", es decir, que ninguna empresa española lo ha hecho. El capital no quiere ataduras y le asustan la incertidumbre y la inseguridad. Ferrovial ha buscado, pues, un camino más rápido, directo, seguro y probado para aparecer en la Bolsa de Nueva York a pescar dinero: ser una empresa neerlandesa. Y las leyes le amparan.
"La fusión con la filial neerlandesa [de la misma Ferrovial] es para cotizar en los EE.UU. en un periodo breve. Es una vía contrastada por numerosas compañías europeas. No es fácil hacerlo directamente desde España y tanto el plazo como el proceso de ejecución son inciertos", dijo este jueves a los accionistas el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino. Además, se calcula que la Ferrovial neerlandesa se ahorrará unos 40 millones de euros en impuestos.
Esta es la madre del cordero de toda la movida, que no va de libertades ni de derechos ni de leyes ni de patriotismo. Va de la supervivencia de Ferrovial y de los beneficios de sus accionistas, de su cuenta de resultados y de sus ganancias. Los que se juegan algo lo saben desde el minuto uno: "Es de patriotas velar por la mejora de la competitividad", refunfuñaba ante la junta de accionistas Valentín de Torre, propietario de 200 títulos. Si un pequeño accionista españolísimo piensa así, ¿cómo crees que lo ven los noruegos del Norges Bank o los británicos de The Children's Investment Fund, propietarios del 7% de Ferrovial?
Algún diario —El País mejor que nadie— lo explica con pelos y señales en páginas interiores. En las portadas, sin embargo, todo degenera en banalidades nacionalistas, garrotazos a Pedro Sánchez o la superficialidad del duelo de matones entre un estado y una multinacional. Esta era una historia que ha pillado a todos —al gobierno español, a los reguladores, al periodismo...— a contrapié y sin paraguas y que muestra lo mal equipados que están los estados democráticos y sus administradores para proteger la soberanía y preservar los vínculos y obligaciones de todos ante actores globales como Ferrovial, que juegan otra partida bien protegidos por leyes y regulaciones, pues los estados modernos —y las instituciones supraestatales como la Unión Europea—, privilegian a la propiedad y a los propietarios más que a los ciudadanos y al bien común. Eso es lo que estaba en juego en el asunto Ferrovial y que los diarios aún no han sabido captar. Han preferido ponerse a jugar con los espejitos y las figuritas de la politiquería.
