La patronal Cecot, la Federació Empresarial del Metall (FEM), la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG), Texfor-Confederació de la Indústria Tèxtil y la Unió Patronal Metal•lúrgica (UPM) han enviado un escrito al gobierno español denunciando que el acuerdo firmado entre el PP y el PNV para reducir parcialmente la tarifa eléctrica "penaliza" la industria catalana. Concretamente, a 3.277 compañías catalanas que seguirán teniendo un sobrecoste aproximado de 200 millones para acceder a la red.
Organitzacions empresarials catalanes acusen el Govern de perjudicar les empreses industrials a Catalunya https://t.co/5HPtP0ahXu pic.twitter.com/f2HUP3bgb9
— David Garrofe Puig (@davidgarrofe) 12 de mayo de 2017
En una carta dirigida al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y a los ministros de Industria, de Energía y de Economía, las cinco asociaciones critican que la decisión es de "carácter político" y no se ha seguido "ninguna razón técnica ni objetiva" para dejar fuera de la reforma de los peajes de las líneas de distribución aquellas empresas que se suministran con 25 kW de tensión.
En este sentido, advierten que la medida les restará competitividad y afirman que "atenta contra la tan reivindicada unidad de mercado por parte de las fuerzas políticas del Congreso".
El gran perjudicado
Las asociaciones empresariales recuerdan que el acuerdo firmado entre el PP y el PNV para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prevé que, a partir del 2018, las empresas con tensión de entre 30 y 36 kW quedarán englobadas en una tarifa menor: la 6.2. La medida beneficia principalmente las compañías ubicadas en Andalucía, el País Vasco, Navarra, Castilla y León, Cantabria y Asturias, que se podrán equiparar a empresas ubicadas a comunidades como Madrid.
Así, las organizaciones empresariales insisten en que el resto de compañías que requieren Alta Tensión pero están ubicadas en otros territorios se ven obligadas a suministrarse con redes de 25 kW. La mayoría son de Catalunya.
Por este motivo critican que buena parte de las compañías de otras comunidades autónomas (donde hay redes de 30 y 36 kW) podrán disfrutar el año que viene de una tarifa menor, "sin que haya un criterio de eficacia de la red". Las seis organizaciones empresariales definen la situación como una "incongruencia regulatoria" y reclaman que también se modifique a la baja la tarifa de las redes de 25 y 30 kW, equiparándolas al nivel 6.2.