Los datos del paro presentados la semana pasada marcan una "tendencia positiva de la ocupación", según Foment del Treball, y el total de expedientes de regulación de empleo (ERE) ha disminuido en un 32,30% y ha afectado a todas las modalidades: -29,44% expedientes de suspensión, -46,76% los de reducción y -23,13% los de extinción. En general, según el informe de la patronal, el número de trabajadores afectados se ha reducido en 49,49%. De todos modos, el último trimestre del 2017 "ha sido especialmente convulso a nivel de conflictividad laboral, como consecuencia de las diferentes huelgas convocadas entre el mes de octubre y noviembre", si bien únicamente se disponen de datos oficiales hasta el mes de septiembre del 2017. En este sentido, la patronal ha presentado una demanda jurídica para defender los intereses empresariales por considerar que estas huelgas tienen un carácter político.
Los motivos de la demanda son, según el comunicado, "porque se creó un antecedente para evitar que un sindicato minoritario pueda convocar y desconvocar huelgas generales por motivaciones políticas, y por otra parte, para que se resarzan los daños y perjuicios causados a las empresas".
La demanda se basa en tres argumentos, que son: la motivación política de las huelgas convocadas, los defectos formales por no haber sido notificados con los 10 días que establece la ley, y la falta de legitimidad del sindicato para convocar una huelga general, dado que no tiene la suficiente representatividad e implantación.