Foment del Treball ha anunciado este miércoles que pedirá una moratoria en la implantación obligatoria del registro de horas en las empresas que tiene que entrar en vigor a partir del 12 de mayo a la espera de "más certeza jurídica". El director de relaciones laborales y asuntos sociales de Fomento, Javier Ibars, y la presidenta de la Comisión Laboral y de Recursos Humanos de la patronal, María Ángeles Tejada, han criticado la nueva medida que aprobó el Gobierno hace unos dos meses y consideran que perjudicará pequeñas y medianas empresas.

Ibars ha explicado que recientemente se reunió, junto con la CEOE, con representantes del Gobierno y de la Inspección de Trabajo, entre otros, para que las empresas que no tengan a punto el sistema de control horario en las próximas semanas o meses pero demuestren que están trabajando no sean sancionadas o "haya cierta benevolencia". Eso, según el director de relaciones laborales y asuntos sociales de Fomento, es una prueba que la propia administración reconoce que no tiene claro cómo aplicar la nueva normativa y que haberse hecho de una "manera precipitada".

En este sentido, Tejada ha comentado que el objetivo tiene que ser "trabajar por objetivos, que te guste el trabajo y que esté bien retribuida" y ha criticado la "rigidez del nuevo sistema". "No parece que tenga que ser la mejor fórmula, el control horario en la industria ha estado desde siempre", ha añadido.

Por otra parte, Ibars y Tejada han presentado el último Informe del Mercado de Trabajo y la Negociación Colectiva, que recoge un "repunte" de los ERE en Catalunya, hasta los 105 en el primer trimestre delante de los 89 del mismo periodo del 2018, aunque para el director de relaciones laborales y asuntos sociales de Fomento no cree que se confirme un cambio de tendencia en relación a los otros años, ya que los expedientes registran siguen cayendo desde el 2013. 

Propuestas de Foment al nuevo Gobierno

Ibars y Tejada han aprovechado la presentación del informe para trasladar una serie de propuestas al nuevo gobierno después de las elecciones del pasado 28 de abril en materia laboral, como la contratación y las negociaciones colectivas. Así, por ejemplo, reclama que los expedientes de regulación se dejen en manos del empresario y no de los tribunales o limitar el actual "exceso de documentación" cuando se presentan los ERE y "el intervencionismo de la autoridad laboral y de la Inspección de Trabajo".