La agencia de calificación crediticia Fitch ha vuelto a enviar un aviso de alerta; esta vez sin embargo el destinatario ha sido España. Más concretamente, Fitch ha considerado la elevada ratio de deuda pública española situada en un 99% del PIB como una "debilidad clave" de su rating soberano, que ahora mismo se encuentra en la categoría de 'BBB+', es decir, grado de inversión satisfactorio y perspectiva estable. Desde la agencia norteamericana, han señalado que el nivel de deuda pública español es más del doble de la media de los emisores soberanos que se encuentran en la misma categoría, un hecho que se agrava todavía más teniendo en cuenta que se estima que el déficit presupuestario del país no baje del -3%.  

El déficit español cerró en 2015 en un 5% del PIB, casi un punto por encima del objetivo del 4,2% consensuado con Bruselas y eso, según Fitch, pone de manifiesto el gran reto que tiene por delante España a la hora de reducir su endeudamiento. Conviene recordar que el gobierno en funciones argumentó que el incumplimiento del déficit era principalmente debido a la desviación de las comunidades autónomas y la seguridad social, que cerraron con 1,66% y 1,26%, respectivamente, en vez del 0,7% y 0,6% previsto inicialmente. En especial, el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro cargó duramente contra Catalunya, Extremadura y el País Valencià al considerar que estas comunidades representan más de la mitad de la desviación del déficit, por lo que instó a las tres a llevar a cabo una gestión más rigurosa. 

Presionar más a las autonomías

Por otra parte, Fitch señala que la reducción del déficit se debe principalmente a la recuperación de la economía y a los bajos costes de financiación, más allá de posibles mejoras en el balance ajustado al ciclo económico. Como consecuencia, los analistas consideran que "la respuesta de las autoridades será un factor importante para restaurar la credibilidad de los esfuerzos por mejorar la posición fiscal de España". Aunque se sobrentiende que los ajustes de gasto no contarían con el beneplácito de las comunidades, Fitch aconseja dar más efectividad a la ley de estabilidad presupuestaria así como incrementar la condicionalidad de las transferencias del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). 

Ahora hace poco más de un mes, Fitch instó a Catalunya a tener una gestión más proactiva de su deuda y a colaborar con el Gobierno español con el fin de lidiar con garantías su "débil posición de liquidez", así como los vencimientos de este 2016. Lo hacía después de rebajar el rating de Catalunya hasta la categoría de BB considerada como bono basura sin inversión para comprar la deuda y propenso a cambios en la economía. Y mientras en aquel momento, se señalaba que Catalunya necesitaba la ayuda del Gobierno central para convertir la deuda de corto a largo plazo y cumplir así con los objetivos de consolidación presupuestaria, ahora Fitch aboga para que el Gobierno central presione todavía más a las autonomías a pesar de las tensiones que eso pueda llegar a ocasionar o, más bien, que ya está ocasionando.