Endesa preguntará a los servicios sociales de los ayuntamientos antes de hacer un corte de suministro por impago, según han confirmado fuentes del Ajuntament de Sabadell después de recibir una carta por parte de la compañía eléctrica, donde se les ha informado que "están implementando el servicio de comunicación a los ayuntamientos" antes de proceder al corte. En la misiva, la compañía explica que enviará una carta a los clientes con impagos para pedirles la autorización expresa que permita trasladar sus datos a los servicios sociales y solicitar el informe de exclusión social. Con esta autorización firmada antes de un mes, se desactivará el corte a la espera de la respuesta de los servicios sociales.

El anuncio que ha adelantado el Ara llega después de que el pasado 3 de junio el Ajuntament de Sabadell anunciara la tramitación de sanciones contra aquellas suministradoras que no hicieran este aviso, por incumplir derechos reconocidos en la Ley 24/2015 de pobreza energética. Una vez la compañía tenga la autorización del cliente, los servicios sociales podrán elaborar un informe para acreditar si la persona está o no en riesgo de exclusión social. En caso afirmativo, no se efectuará el corte de suministro, según han explicado nuevamente desde Sabadell.

El gobierno de Sabadell ha valorado muy positivamente esta medida y ha recordado que ha sido "puntero" en hacer cumplir la Ley 24/2015. El concejal de Acció Social, Gabriel Fernàndez, ha afirmado que los representantes políticos en las instituciones públicas tienen que ser "persistentes y constantes" con respecto al cumplimiento de la ley y de derechos de los ciudadanos por parte de las empresas y ha destacado que el gobierno sabadellense ha estado desde un principio "plenamente comprometido con el despliegue de la 24/2015". "Seguiremos trabajando de manera firme en esta línea, atentos a la situación de cada momento y velando por el cumplimiento de los preceptos establecidos por la normativa", ha declarado.

243 casos en situación de vulnerabilidad

En junio, el consistorio vallesano inició la tramitación de sanciones contra Endesa ante 243 casos documentados de familias en situación de vulnerabilidad donde la suministradora no cumplió con la ley, en 40 de los cuales se llegó a cortar el suministro. Sabadell impulsó estos procesos sancionadores basándose en el Código de Consumo catalán, que da competencias a los entes locales para tramitar sanciones de 10.000 a 100.000 euros si se incumple algún derecho reconocido legalmente.

En este sentido, apuntaban que la Ley 24/2015 de pobreza energética en su artículo 6.4, que no ha sido recurrido por el gobierno español en el Tribunal Constitucional, establece la obligación de informarse a través de servicios sociales si la familia se encuentra en situación de vulnerabilidad antes de realizar un corte y, al mismo tiempo, informar al usuario de que dispone del derecho de pedir el informe de vulnerabilidad. El consistorio defendió que eso no se estaba cumpliendo e inició la tramitación de las sanciones.