Después de la resaca electoral de las generales del 28-A, la campaña -empresarial- todavía no ha acabado en la Cambra de Comerç. El actual presidente, Miquel Valls, tendrá que despedirse definitivamente de la institución el próximo 8 de mayo, día en que habrán acabado las elecciones en la Cámara que empiezan el próximo jueves 2 de mayo. El Nacional explicamos una primera parte del juego de los disparates en el ente cameral; un juego que se mantiene vivo todavía con otra cuestión que ha sido motivo de debate entre las candidaturas de la Cámara: el censo electoral y los traslados de sedes.

En octubre del 2017, después del referéndum de independencia de Catalunya del 1-O, se empezó a dar el fenómeno "fuga de sedes", en la que muchas empresas siguieron el ejemplo de algunas grandes entidades que, empujados por el Estado, se vieron obligados a trasladar su sede social fuera de Catalunya. Esta historia es sobradamente conocida, y aunque se ha comprobado que trasladar la sede social tiene un impacto económico mínimo, es algo que tener en cuenta a las elecciones camerals, ya que muchas de estas empresas que cambiaron de dirección continúan en el censo de la Cámara y pueden votar; diversas de ellas forman parte de las 14 sillas pagadas y también de candidatos, incluso de un presidenciable.

La controversia del censo

Por una parte, desde que empezó la campaña por hacerse con el pleno de la Cámara, varias candidaturas, como la de Enric Crous y José María Torres, la de Ramon Masià o la de los independentistas (Herramientas de País), se han quejado sobradamente de la "dificultad" del montaje electoral y del hecho que "el censo no está actualizado y está caducado". Ciertamente, el censo que se utiliza para votar en la Cámara cuenta con los datos del 2017, por lo tanto todos aquellos autónomos o empresas creadas después del 2017 no aparecen al censo y no pueden votar. "El censo no sabemos cómo lo han hecho y hay un batiburrillo", explican fuentes de Herramientas de País.

Aunque algunos grupos lo han criticado como una "negligencia de la organización", desde la misma Cámara aseguran a El Nacional que no es que se haya hecho nada mal hecho sino que "por ley, se utiliza el censo del año anterior al de la convocatoria de las elecciones". De esta manera, como la convocatoria de estos comicios se hizo en diciembre del 2018, "se utiliza el censo del cierre del 2017 aunque las elecciones se celebren a mediados del 2019, es un tema de cómo está hecha la ley", explican.

El traslado de sedes

El "problema del censo" no vale sólo para las empresas que se han constituido hace poco o las que se han disuelto en el último año y medio, sino también por aquellas que movieron la sede social fuera de Catalunya y que, por las fechas, todavía forman parte del censo vigente y por lo tanto pueden votar en estas elecciones. El caso más paradigmático es el del candidato presidenciable Carles Tusquets, presidente del Banco Mediolanum y de Trea Asset Management, dos empresas que trasladaron sus sedes a Valencia y Madrid, respectivamente.

Por como está hecho el censo, y por las razones que se han comentado, estas empresas pueden votar al pleno de la Cámara e incluso presentar candidatos. Según explican desde la Cámara, además, da igual donde esté la sede social de la empresa en cuestión, siempre que tenga actividad económica en Catalunya puede votar y formar parte del pleno". De esta manera, sólo por el hecho de tener uno local o una oficina en el territorio, aquella empresa ya tiene el mismo derecho de actuar a la Cámara como las otras. Es más, las empresas, como muchos bancos, que tienen oficinas en varias ciudades del Estado, pueden votar en todas las Cámaras de Comercio donde tengan actividad.

En el financiero Tusquets se lo ha acusado bastantes veces de este hecho, denunciado con fuerza por algunos de sus contrincantes, como el mismo Ramon Masià, que en una entrevista en El Nacional lo criticaba diciendo: "Hablamos como si la Cámara de Barcelona fuera el Barça: ¿Qué hace a un señor de Madrid, un merengue, con el Barça? Que haga las elecciones en Madrid con el Mediolanum, que está donde tiene la sede social".

Y es que ciertamente no es nada ilegal, pero algunos lo consideran "poco ético". Es el caso de los independentistas, que dicen que "aquel que se ha marchado y ha sacado la sede de aquí, por ética no tendría que votar, pero lo puede hacer porque la ley dice eso". Fuentes próximas a la candidatura de Crous y Torres apuntan en el mismo sentido que "no es de recibo". Se quejan, además, de que no es tan sólo el presidenciable Tusquets quien tiene la sede de sus empresas fuera de Catalunya, sino también "muchos de los empresarios de su lista -como Colonial o Neinor Península-, y la mayoría de las 14 sillas pagadas que le darán apoyo.

La preocupación ya no es tanto por un tema político sino práctico: ¿"Cómo puedes defender Barcelona si tienes tus empresas en Madrid"?, se preguntan las fuentes consultadas por este diario. "Es evidente que no protestarás para luchar contra la desigualdad fiscal entre Madrid y Catalunya, por ejemplo".

Con todo, la ley de momento es como es y, en todo caso, la propuesta para cambiarla tendrá que llegar con el nuevo pleno. En dos días empieza el baile de votos y las posiciones son claras.