Todo eran cantos de sirena cuando el pasado 5 de octubre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se destinaría una partida de 200 millones de euros a ayudar a los jóvenes con el alquiler. Pasados los meses, vemos cómo la medida será más estética que efectiva. De hecho, según ha ido desgranando en los últimos meses al ejecutivo español, esta ayuda llegará solamente a 70.000 jóvenes de entre 18 y 35 años de todo el Estado, una cifra ínfima teniendo en cuenta que solo en Barcelona ciudad hay 362.334 ciudadanos en esta franja de edad.

Poniendo las cifras sobre la mesa, vemos como a priori, los jóvenes de entre 18 y 35 años que lo deseen recibirán 250 euros en el mes para pagar una parte del alquiler. Ahora bien, en estas ayudas siempre hay alguna conjunción adversativa, no podrán acogerse a las ayudas los jóvenes en paro ni aquellos que cobren más de 24.318 euros el año. Si esta no fuera ya bastante barrera de entrada, aquellos jóvenes que tengan un alquiler superior a los 600 euros mensuales, ampliable a 900 euros, es decir, la inmensa mayoría, tampoco podrán obtener la ayuda, lo que deja, según los cálculos de la Moncloa, únicamente a 70.000 jóvenes capaces de poder acceder a la ayuda.

El requisito más restrictivo de todos, sin duda es el precio máximo de alquiler de 600 euros en el mes. Si la Generalitat no decide aumentar este techo, que podría llegar hasta los 900 euros, solo los habitantes de Lleida y Tarragona podrían acceder mayoritariamente a la ayuda, ya que es las únicas grandes ciudades catalanas donde, por término medio, el alquiler es inferior a 600 euros, concretamente son de 485,98 y 556,59 euros en el mes respectivamente según los datos del Idescat. Si miramos las otras capitales de demarcación, en Girona el precio medio es de 637,97 euros al mes y en Barcelona es de 964,81 euros en el mes por término medio. En este último caso, ni subiendo el techo hasta al máximo, en general los jóvenes de Barcelona no podrán acceder a la medida.

Con respecto al precio del alquiler en el global de Catalunya, según el Idescat, en el 2020 se situó, por término medio, a los 734,33 euros por término medio lo que hace pensar que la Generalitat tendría que subir el techo de la ayuda a fin de que más catalanes puedan acceder.

La ayuda es un parche mal puesto

Si salimos de los datos y preguntamos a las organizaciones especializadas, como el Sindicat de Llogateres, todas coinciden en que la medida es un parche y que, en absoluto, soluciona el problema de la vivienda, ni a Catalunya ni por todo el Estado.

Desde el sindicato de Llogateres, consideran que la ayuda puede dar pie a que los arrendatarios incrementen el precio de alquiler de las viviendas provocando, todavía más, que los precios sigan escalando y que, al fin y al cabo, esta ayuda servirá para financiar un sector que no necesita ser financiado porque ya recibe ingresos como son los propietarios de las viviendas.

En este sentido, por lo tanto, afirman y sentencian que la nueva ayuda, que será aprobada por el Consejo de Ministros del próximo 18 de enero, no resuelve el conflicto y que lo que hace es poner un parche sectorial, este caso a los jóvenes, en una cuestión que es estructural, ya que hay gente de todas las edades que no puede llegar a pagar el alquiler de una vivienda digna.

Desde el sindicato, el que reclaman, para solucionar de una vez por todas este conflicto es, tal como ya ha hecho Catalunya, redactar una ley que proteja a los inquilinos regulando el precio de todas las viviendas de alquiler y así evitar que sigan aumentando sin medida.

Seguro de impago

Aparte de todo este calvario para poder acabar accediendo a la ayuda, el gobierno español añadió una medida más que es la creación y financiación de un seguro para evitar los impagos en los alquileres de la juventud. Concretamente, el seguro "garantizará" la renta del alquiler durante un año, es decir 12 mensualidades, y con una cuota que no podrá superar el 5% de la renta anual.

Es una medida por los jóvenes que se activará cuando no puedan pagar el alquiler siempre que reciban la ayuda del Estado para que puedan seguir pagando la renta. Algo que supondrá una garantía tanto por los locatarios como por los propietarios, según Sánchez. "Los anuncio la creación de un seguro y su financiación mediante una ayuda a los mismos jóvenes porque puedan establecer un seguro que garantice el pago del alquiler de la renta durante un año con una cuota que no podrá suponer más del 5% de la renta anual", ha señalado.