El plan de choque anunciado por el Gobierno para paliar las consecuencias económicas del coronavirus Covid-19 deja muchas dudas y una certeza: vamos tarde. Pedro Sánchez ha anunciado una movilización de hasta 200.000 millones de euros para hacer frente a los efectos de la pandemia, una cantidad que está bastante a la línea con otras economías europeas, pero los expertos alertan que "no acaba de quedar demasiado claro" como se implementarán. Al mismo tiempo, un miedo común: ¿Volveremos a cometer los errores de la crisis del 2008?

De entrada, una de las medidas más chaladas del plan y que ha levantado más dudas es la moratoria en la banca para el pago de hipotecas "a las familias más vulnerables". Varios economistas han levantado la liebre en este punto: ¿"En una situación así, quiénes son los vulnerables"?, apuntaba al economista Xavier Sala-i-Martín a través de las redes. En la misma línea, como explica el decano del Colegio de Economistas, Anton Gasol, "en esta crisis todo el mundo perderá, y lo que se tiene que intentar es que la pérdida sea equitativa".

Estos 200.000 millones suponen aproximadamente el 20% del PIB español. De estos, según Sánchez, 117.000 millones provendrán de fondos públicos, y los 83.000 millones restantes de fondo privados, y se trata, en palabras del presidente español, de "la mayor movilización de recursos económicos de la historia de España en un espacio muy reducido de tiempo".

Al mismo tiempo, el Ejecutivo también ha asegurado que durante el tiempo que dure la crisis "no se podrán hacer desahucios", pero aquí nace otra duda: los alquileres. "Nos hablan de hipotecas, pero no se ha hecho ningún comentario sobre los alquileres. Hay mucha gente que no podrá pagar su alquiler porque no llegará a final de mes". ¿Qué pasará con esta parte de la sociedad? Más incertidumbre.

Hay que tener claro, sin embargo, que el grosor de las ayudas son para las empresas -principalmente pymes y autónomos- para evitar un aumento del paro. En este sentido, el Gobierno creará una línea de avales de 100.000 millones. Al mismo tiempo, también en la línea de evitar despidos definitivos, se facilitarán los trámites para presentar expedientes de regulación temporales del empleo (ERTE), tal como han reclamado repetidamente las principales patronales catalanas y españolas. De esta manera, será el Estado quien abone los sueldos y las cotizaciones, y también las prestaciones de desempleo.

De hecho, el goteo de empresas que han empezado a tomar estas medidas es exponencial. Sólo en Catalunya, Trabajo ya tiene registrados 206 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) derivados de la crisis, que afectan a un total de 24.337 trabajadores. Delante de eso, el economista Santiago Niño Becerra es escéptico: "Cuando el virus pase, comparen las plantillas de estas empresas antes de la epidemia y después".

De hecho, el presidente Sánchez también ha asegurado que se pone al alcance "toda la liquidez que haga falta a las empresas". En este punto, un aviso de Gasol: "no hay que confundir la liquidez: es una facilidad, no es un regalo; se tiene que devolver". En la misma línea lo decía el catedrático Anton Costas en declaraciones a Tv3 este mediodía: "estas medidas pueden suponer que dentro de unos meses las pymes y los autónomos se vean muy endeudados". Por este motivo, Costas hace una propuesta: "se tendría que imponer un salario mínimo para los trabajadores que se vean afectados por la crisis del coronavirus, inyectar dinero de manera neta para hacer frente a la problemática sin endeudarse excesivamente".

Comparaciones con otros países

Varios economistas aseveran que las medidas establecidas, a pesar de llegar tarde "van por el buen camino", pero comparadas con decisiones de otros países europeos quedan un poco cortas. Sin ir más lejos, Italia ha anunciado hoy la prohibición a las empresas de despedir trabajadores por la crisis del coronavirus, una medida que se extiende hasta dos meses vista. Esta es una de las acciones incluidas en el decreto ley que ha impulsado el ejecutivo italiano con ayudas de hasta 25.000 millones de euros, que movilizan recursos por valor de hasta 350.000 millones, fuerza más que la propuesta de Sánchez.

En Francia no ha habido que llegar a casi 12.000 infectados para que el gobierno anunciara el confinamiento determinado y suspendiera el pago de impuestos y cotizaciones sociales, además de facturas de agua, luz y gas. En más Emmanuel Macron también ha suspendido el pago de los alquileres a pequeñas empresas, autónomos y comerciantes de todo tipo, y para activarlo es suficiente con un correo electrónico.

En Alemania, el gobierno ha puesto a disposición un fondo de 500.000 millones de euros en condición de préstamos en las empresas, ya sean grandes, medias, pequeñas o autónomos. Esta cifra es cinco veces superior a la que propone el Gobierno.

En Portugal, a pesar de no llegar al millar de contagios, el gobierno ha cerrado las fronteras con España y también todas las escuelas. Además, los trabajadores que tengan que quedarse en casa cuidando de sus hijos debido a la suspensión escolar recibirán el 66% de su salario, un 33% del cual estará subvencionado por la Seguridad Social.

Por último, Dinamarca ha llegado a un acuerdo entre el gobierno, las empresas y los trabajadores para sufragar los salarios de aquellos que no podrán hacer su trabajo. Es el ejemplo que Sala-i-Martín toma para dar una idea de cómo se podría hacer: el 75% del salario lo paga el estado, el 25% las empresas y los trabajadores sacrifican cinco días de vacaciones. A cambio, las empresas se comprometen a no despedir a nadie y todo el mundo podrá reanudar su puesto de trabajo cuando acabe la pandemia.

Avalancha de críticas en la UE

La principal crítica a la gestión de esta crisis va enfocada a la Unión Europea. El economista Santiago Niño-Becerra ha sido contundente a través de las redes: "Me da la sensación que estamos devolviendo en el 2008, en el Plan E; y ya saben cómo acabó: con un déficit disparado que dio lugar a una deuda pública desmesurada. Si esta situación actual calificada como muy grave no mueve a la UE a elaborar una política fiscal común con normas comunes contra el fraude fiscal, y con una estrategia única de elaboración y control presupuestario, mejor que nos olvidamos de esta 'Europa única' de la que tanto se habla".

No es lo único. Anton Gasol también es crítico y asegura que "es mucho mejor lo que ha hecho Sánchez que lo que hace la Unión Europea, que pone en circulación unos 12.000 millones de euros y 100.000 millones en calidad de avales, lo que equivale a un 1% del PIB de la UE". En este sentido, asevera que "con que el Banco Central Europeo repita el famoso "whatever it takes" -haremos lo que haga falta, en inglés- , no es suficiente, eso se tiene que materializar".

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