Primeros posicionamientos empresariales a la inminente sentencia del juicio por el 1-O. El pleno de la Cambra de Comerç de Terrassa, liderada por Ramon Talamàs y reunida ayer martes, ha acordado elevar al Consell General de Cambres de Catalunya (CGCC) pedir una "sentencia absolutoria" después del juicio del procés soberanista, celebrado de febrero a junio de este año en el Tribunal Supremo (TS). Lo ha hecho a través de un comunicado en que asegura que mientras dure la posible privación de libertad de los líderes independentistas, la Cambra de Terrassa declinará la asistencia protocolaria a cualquier acto institucional que, al margen del Parlament y la Generalitat, esté organizado o convocado por los diferentes estamentos institucionales del Estado.
Asimismo, ha reclamado la liberación inmediata de las personas que "están sufriendo una larga e injustificada prisión preventiva", en especial referencia a los exconsellers Josep Rull y Raül Romeva, ciudadanos de la demarcación territorial de la Cambra de Terrassa. Además, el plenario también ha pactado "una presencia institucional destacada" en todas las manifestaciones pacíficas contra una posible resolución judicial condenatoria.
En el escrito, la Cambra de Terrassa garantiza que enviará un escrito a todos los partidos del Parlament y del Congreso, a sus respectivos presidentes, así como al del Senado, al president de la Generalitat y al del Gobierno, pidiendo una ley de amnistía que posibilite el "diálogo para una necesaria negociación", una medida que permitiría el retorno, entre otros, del exconseller de Cultura y egarense Lluís Puig.
Por último, la Cambra de Terrassa -a diferencia de la de Barcelona- ha rechazado la propuesta de paro de país una vez se publique la sentencia, por el agravio que supondrá para la economía catalana y ha insistido en establecer canales de diálogo político con un horizonte a no largo plazo que permita encontrar una salida a la relación entre Catalunya y el Estado.