La primera idea de crear un Salario Mínimo de Referencia en Catalunya (SMR) surgió del Govern, que hace unos meses presentó una propuesta que cifraba el SMR en 1.239,5 euros mensuales; una cifra que desde la Cambra de Comerç de Barcelona se considera "contraproducente" porque "hay un riesgo elevado que los costes superen los beneficios". En este sentido, la institución considera que el SMR adecuado sería entre los 1.000 y los 1.100 euros brutos mensuales en 14 pagas, un valor que se tendría que actualizar periódicamente y podría llegar a 1.200 euros el 2026 y más de 1.300 en el 2029.

Según la Cámara, el problema de la propuesta del Govern es que se basa en el 60% del salario medio, pero según el director del gabinete de estudios, Joan Ramon Rovira, se tendría que basar en el 60% del salario medió. Con todo, en palabras del presidente cameral Joan Canadell, "si queremos tender hacia un modelo económico de más valor añadido, si marcamos un salario mínimo muy bajo estamos diciendo que queremos una economía de bajo valor añadido".

En más, "creemos que el salario mínimo de de Catalunya tiene que tender hacia los de los países en los cuales nos queremos reflejar. Haciendo eso también estamos dando un mensaje al empresariado que es posible tender a un modelo de mayor valor añadido". Respecto del SMI estatal, Canadell asegura que "el aumento de los 740 a 900 euros casi no ha afectado a las empresas, y ahora veremos qué pasará con este aumento hasta los 950, pero creemos que una manera de ayudar al tejido productivo de Catalunya es aumentando el salario de referencia", explica Canadell.

De hecho, según un estudio elaborado por la Cámara y el Idescat, se desprende que sólo el 10,7% de las empresas dicen qu eels afectó la subida del SMI en el 2019. Rovira explica que "para analizar el impacto de una subida del SMI, lo que hace falta es analizar el impacto sobre la evolución de los afiliados., y se concluye que el aumento del SMI del 2019 no ha tenido un efecto negativo sobre el mercado laboral en Catalunya".

La propuesta del Govern 

El cálculo presentado por el Govern el pasado 12 de diciembre concluye que el salario mínimo catalán mensual por un trabajo de jornada completa sería de 1.239,5 euros, unos 17.353 euros anuales en 14 pagas. Según el Consejo, los 900 euros de salario mínimo interprofesional (SMI) marcado por el Estado "son insuficientes para vivir en Catalunya". De hecho, la cifra propuesta por el Govern supone un incremento del 37,7% con respecto al importe actual.

"Que eso sea competencia del Estado no quiere decir que la Generalitat se tenga que quedar de brazos doblados viendo la precariedad de los salarios", reivindicaba el vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès. De hecho, la Generalitat no tiene competencias en materia salarial, y es por este motivo que el informe "es una propuesta, pero también un paso más para avanzar en la búsqueda de un consenso para impulsar el salario mínimo de referencia a Catalunya".

Al no tener competencias para forzar el incremento del salario mínimo, el Govern aseguró que presionará los agentes sociales —patronales y sindicatos— para que lo apliquen vía negociación colectiva y lo impulsará en sus políticas salariales y de contratación pública. Con los agentes sociales "evidentemente que tendremos que discutir datos, pero yo creo que habrá voluntad de avanzar en este aspecto", decía Aragonès.

Sin embargo, hace tiempo que las diversas patronales aseguran que no se las ha incluido en este ámbito, y durante el desayuno de Navidad de Pimec, su presidente, Josep Gonzàlez, ha aseverado: "Miramos con reservas la propuesta de hacer un SMI catalán, porque no se ha discutido y hasta ahora y sólo ha habido algún anuncio, pero no sabemos mucho nada". Al mismo tiempo, González explica que "no conocemos todos los detalles, pero nos preocupa que se esté hablando de este tema".

Con todo, el conseller de Trabajo, Chakir El Homrani, consideraba que "si lo hacemos de forma conjunta, tendremos más capacidad de incidencia", a la vez que dice que esta cifra es "un buen punto de partida porque abre la puerta al debate necesario en torno a la adecuación del SMI de referencia en los territorios en función de las particularidades".

Finalmente explican que "si no hay un mercado de trabajo equitativo y que aborda los retos, como que no es razonable que haya trabajadores pobres, no hay una sociedad justa".