La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella contra CaixaBank, su expresidente Isidre Fainé, el holding Criteria y seis personas más por presunto abuso de mercado, administración desleal y delitos societarios en operaciones complejas para la adquisición del banco portugués BPI. Caixabank ha reafirmado la legalidad de todas las operaciones realizadas para tomar el control del BPI.

CaixaBank, que mantenía una participación minoritaria en el BPI desde 1995, cerró con éxito en el 2017 su opa sobre el banco portugués y pasó a controlar el 84,5% de su capital, gracias a un desembolso de 644,5 millones de euros.

"CaixaBank reafirma que todas las operaciones llevadas a cabo para tomar el control de BPI, así como la permuta de las acciones a BEA y GF Inbursa con Criteria, fueron hechas en cumplimiento estricto de los requisitos legales y sometidas al conocimiento o autorizaciones de los reguladores pertinentes", afirmaron fuentes de la entidad.

La querella, presentada por dos accionistas, también se dirige contra el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, el exdirector general de relaciones internacionales Antonio Massanell, dos asesores de la presidencia, Alejandro García Bragado y Oscar Calderón, y el director de cumplimiento normativo, Juan Antonio Álvarez García. También incluye a David K.P. Li, consejero de Criteria CaixaCorp y presidente del Bank of East Asia.

Entrada al accionariado

En la querella se explica cómo CaixaBank llevó a cabo una permuta de acciones con Bank of East Asia para poder entrar en el accionariado de BPI, que al fin habría producido a la entidad un perjuicio de 687 millones de euros, aunque a su momento los administradores sólo habían reconocido un impacto negativo de 14 millones. También en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017 se recogía una pérdida de 102 millones de euros, efecto de la "toma de control sobre el banco BPI".

Los dos accionistas que han presentado la querella sostienen que CaixaBank concedió un préstamo de 400 millones de euros a Banco de Fomento de Angola (BFA), con finalidad que Isabel Dos Santos, hija del presidente de aquel país y que controlaba cerca del 10% de BPI, diera apoyo en la entrada de la entidad catalana en el banco lusitano.

El titular del juzgado central de instrucción número 5, José de la Mata, aclara que el caso compite en la Audiencia Nacional por cómo de elevado es el importe, y por el supuesto perjuicio ocasionado tanto a la entidad como sus accionistas.

"CaixaBank reafirma que todas las operaciones llevadas a cabo para tomar el control de BPI, así como la permuta de las acciones a BEA y GF Inbursa con Criteria, fueron hechas en cumplimiento estricto de los requisitos legales y sometidas al conocimiento o autorizaciones de los reguladores pertinentes ", afirmaron fuentes de la entidad.