El Congreso ha aprobado por una amplia mayoría el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética pendiente ya solo de su último trámite en el Senado y cuyos objetivos incluyen acabar con la venta de coches contaminantes en 2040, recortar emisiones y alcanzar la neutralidad de emisiones del país en 2050.

La Comisión de Transición Ecológica del Congreso, con competencia legislativa plena, ha dado este jueves luz verde, -22 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones- al dictamen con las enmiendas incorporadas al texto, de la que será la primera norma en España para mitigar el calentamiento global, una de las grandes apuestas de legislatura del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.

La futura ley ha sido apoyada por PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Bildu, Teruel Existe y ERC; el Partido Popular y Más País se han abstenido y Vox ha sido la única formación que ha votado en contra.

La "falta de consenso, diálogo y de ambición climática de la futura ley", referida por una gran mayoría de los partidos, ha planeado durante todo el debate, ante una norma que, podría entrar en vigor este abril, dada su tramitación urgente, y que ha contado con una gran cantidad de enmiendas, más de 750.

Movilidad sostenible

Ahora bien, esta ley podría comportar grandes problemas para una parte importante del tejido industrial catalán, puesto que el punto más conflictivo es el artículo 12 de la ley, puesto que se busca que en 2050 el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros no produzca ninguna emisión, por lo tanto solo contempla las emisiones de un vehículo durante su vida útil y centra los esfuerzos en la electrificación de los coches. Esto cierra las puertas a varias alternativas a la electrificación que cada vez son más sólidas, como los combustibles sintéticos que, a la práctica, tampoco provocan ninguna emisión limpia.

De hecho, desde el sector se apunta que si solo se tienen en cuenta las emisiones directas del vehículo durante su vida útil esta reducción de emisiones solo se podría conseguir a través de los vehículos eléctricos o de hidrógeno y los otros combustibles de carbono reciclado son tratados cómo si fueran 100% fósiles. Este hecho es incompatible con el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones, el Reglamento de reparto del esfuerzo, la Directiva de energías renovables (RED II) y la Directiva de calidad del combustible (FQD), donde el CO₂ procedente de la combustión de biomasa se considera cero.