Acciona calcula que la rescisión del contrato de gestión en la empresa Aguas Ter Llobregat (ATLL) tiene un coste total para la Generalitat de 1.074 millones de euros, según un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Una cifra que la Generalitat considera "desproporcionada".

Acciona, que controla el 76,05% del capital de ATLL, concesionario de la Generalitat, ha informado de que se ha llegado a la conclusión que hay que abonar 305 millones de euros en concepto de liquidación del contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua en alta Ter-Llobregat más 769 millones de euros en concepto de daños y perjuicios o lucro cesante para perder una concesión que aseguraba una gestión durante un periodo de 50 años y que ha quedado sólo en seis años.

El Tribunal Supremo ratificó el 21 de febrero de este año la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya redactada en el 2015 que anulaba el concurso de privatización que había convocado a la Generalitat en el año 2012 y que fue impugnado por Agbar.

La cifra de 1.074 millones de euros de coste total incluye una liquidación en concepto de provisiones de 38 millones de euros, cosa que dejaría la cantidad reclamada por Acciona a la Generalitat en 1.036 millones de euros.

El Gobierno lo ve "desproporcionado"

El Gobierno ve "desproporcionada" esta reclamación de Acciona de 1.074 millones de euros por la rescisión del contrato de gestión en la empresa Aguas Ter – Llobregat (ATLL). El secretario general del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, Ferran Falcó, ha asegurado que las cifras "no se ajustan a la sentencia y no tienen en cuenta que el contrato ha sido declarado nulo". "No nos inquietan las informaciones que Acciona filtra en defensa de sus intereses", ha añadido.

A través de un comunicado, el Departamento de Territorio ha asegurado que "en las próximas semanas" la comisión que el Gobierno creó para la liquidación del contrato de ATLL fijará la cuantía para la liquidación del contrato y le comunicará a Acciona.

La comisión, tal como se establece en el acuerdo de Gobierno que la creó el 17 de julio de 2018, está elaborando un informe en que se evalúan, por una parte los aspectos jurídicos y, de la otra, los aspectos económicos de la liquidación del contrato. La comisión está integrada por el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, el Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, el gabinete jurídico de la Generalitat y la Agencia Catalana del Agua.

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