El empresario inmobiliario y expresidente del Barça Josep Lluís Núñez ha fallecido este lunes a los 87 años en Barcelona. Estaba casado desde 1957 con Maria Lluïsa Navarro y tenía dos hijos, Josep Lluís y Josep Maria. La faceta empresarial le comportó ser considerado por algunas fuentes una de las 200 mayores fortunas de España con un patrimonio que oscilaba los 600 millones de euros.
A nivel profesional, Núñez presidió Nuñez i Navarro, un importante grupo constructor e inmobiliario catalán que apostó principalmente por la construcción de viviendas, tanto para alquilarlas como para venderlas. Además también apostó por comprar una treintena de aparcamientos abiertos 24 horas, edificios históricos, oficinas y locales o naves industriales. Actualmente la empresa también posee hoteles agrupados bajo el nombre Núñez i Navarro Hotels.
Núñez llegó a Barcelona con su familia en 1938 y desde los 14 años compaginó varios oficios con estudios de contabilidad. Hasta los 21 trabajó en el Departamento de Intervención de la Federación de Mutualidades Laborales y, después, como agente de seguros. A mediados de los años cincuenta entró en el sector inmobiliario con su suegro, Francisco Navarro, y se encargó de la administración.
El desarrollo inmobiliario de la segunda mitad de los sesenta fue un momento de gran expansión para las empresas controladas por Núñez, que incrementó de gran manera el patrimonio y acabó siendo uno de los constructores más prósperos del país. La firma Núñez i Navarro llegó a tener más de cien sociedades filiales.
Polémicas judiciales
La gestión empresarial de Núñez no estuvo exenta de polémicas judiciales. En septiembre de 1976 el Juzgado Especial de Delitos Monetarios lo condenó a una multa de 1,8 millones de pesetas como autor de un delito consumado de contrabando monetario por cuantía de 6 millones.
Pero el caso más destacado fue el llamado caso Hacienda, que comportó una pena de seis años de prisión para él y seis más para su hijo Josep Lluís, y una multa de dos millones de euros por soborno. Según la sentencia, ambos sobornaron a inspectores de Hacienda con casi un millón de euros para ahorrarse declarar 13,1 millones entre 1991 y 1999.
La pena fue recurrida a instancias superiores y, finalmente, en diciembre del 2015, el expresidente del Barça y su hijo fueron sentenciados a un año y dos meses de prisión por soborno y falsedad documental. Pasaron cinco semanas en la prisión de Cuatre Camins, y salieron al obtener el tercer grado.
Dentro del mundo empresarial fue vocal de la Asociación Nacional de Promotores Constructores de Edificios y vicepresidente de la Asociación de Promotores de Constructores de Edificios de Barcelona. También fue miembro del consejo asesor de la Cambra de Comerç. El año 2000 el salón Barcelona Meeting Point le otorgó el premio Mejor empresario español inmobiliario.