La gestión de Josep Maria Bartomeu al frente del Barça sigue generando controversia. Aunque ya hace casi cinco años que abandonó el cargo de presidente blaugrana, aún van surgiendo irregularidades en su gestión que poco a poco se van resolviendo, conociéndose más detalles. El expresidente culé y otras personas de su junta directiva son investigados por tres presuntas anomalías financieras registradas durante su etapa como máximo mandatario de la entidad barcelonesa, que fue del 24 de enero de 2014 al 20 de octubre de 2020.
La primera de ellas, relacionada con unos pagos por servicios inexistentes en el fichaje de Malcom, futbolista brasileño que abandonó el Girondins de Burdeos por el Barça a cambio de 41 millones de euros. Las otras dos son los pagos al abogado González Franco en el caso de delitos fiscales por la contratación de Neymar y la aprobación de un gasto de 1.077.807 euros al Club Deportivo Laietà (CEL) por los cambios urbanísticos impulsados por el proyecto del Espai Barça.
El fichaje de Malcom por el Barça, bajo lupa
Unas informaciones publicadas por el diario El Periódico especifican que un informe de los Mossos d'Esquadra, entregado al Juzgado de Instrucción 16 de Barcelona, pone en duda la cantidad de 10 millones de euros que abonó el Barça a la empresa Business Futbol España (BFE) por hacer de intermediario en la operación que movió a Malcom del Girondins a Barcelona. Según el informe mencionado, estas comisiones corresponderían presuntamente a "posibles servicios no justificados, inexistentes o muy superiores al precio de mercado". La fiscalía considera que estos movimientos supusieron un perjuicio para el Barça de unos cuatro millones de euros, aunque la junta directiva de Joan Laporta envió un informe sobre esta supuesta gestión irregular que cifraba el perjuicio en 30 millones.
En este proceso, Josep Maria Bartomeu es investigado junto al exconsejero delegado del club, Òscar Grau, el exjefe de los servicios jurídicos, Ramón Gómez Ponti, el exvicepresidente deportivo, Jordi Mestre Masdeu y otros miembros de su junta, así como el comisionado del Espai Barça, Jordi Moix. En el documento al que ha tenido acceso el medio citado anteriormente, los Mossos d'Esquadra señalan una "modificación evidente" del contrato laboral entre la entidad blaugrana y el futbolista brasileño para que el importe pactado de 10 millones de euros a pagar en tres años se sustituya por el abono de 1,5 y el pago de 8,4 a BFE por la intermediación en el traspaso.
Con este cambio, el Barça pasaba de pagar cerca de una retención del 50% en el IRPF a una cifra bastante menor. Cabe destacar también que la junta de Joan Laporta tuvo que hacer una "regularización preventiva" para evitar una multa.