Madrid, 29 de septiembre de 1833. Hace 167 años. Fernando de Borbón y de Borbón-Parma (el rey Fernando VII de España) moría a causa de un decrépito estado de salud provocado por los excesos cometidos durante sus 48 años de vida: había sido un devorador insaciable de todo tipo de carnes (que había sorprendido e indignado a un austero Napoleón), un bebedor compulsivo de todo tipo de destilados alcohólicos, un fumador contumaz de cigarros habanos y un enemigo acérrimo de cualquier tipo de actividad física y profesional. Cuando murió, además de la visible obesidad que sufría, los principales órganos de su cuerpo funcionaban de forma muy limitada. Según los médicos de la época, Fernando VII era un despojo humano que habría podido morir, incluso, muchos años antes.

Este último detalle es muy importante. Las frecuentes crisis de salud que sufría —y que lo habían apartado del gobierno durante largas temporadas— no hacían más que anunciar su final anticipado. Y eso revela que María Cristina, su cuarta y última esposa, dispondría del tiempo suficiente para maniobrar y dejar sin efecto la ley sálica. Fernando sólo había engendrado hijas (y sólo con María Cristina) y su estado de salud no aventuraba ningún otro nacimiento. La arquitectura que conduciría a la proclamación de su primogénita Isabel (futura Isabel II) y que encendería la Primera Guerra Carlista (1833-1840) era fábrica de María Cristina, que no estaba dispuesta a perder el poder que amparaba —y que ampararía— sus oscuros y corruptos negocios particulares.

Grabado de Berga (principios del siglo XIX). Fuente Zumalakarregi Museoa

Grabado de Berga (principios del siglo XIX) / Fuente: Zumalakarregi Museoa

Se ha explicado —de una forma muy resumida— que aquel conflicto enfrentó a las dos Españas: la conservadora, que, aterrada por la avaricia de María Cristina, buscó el recambio en Carlos, el hermano pequeño del difunto Fernando; y la liberal, que, después de una década larga de persecución y de represión, hizo borrón y cuenta nueva con la reina viuda. No era la primera vez que las dos Españas se lanzaban a la arena del combate. Ya había pasado durante el reinado de José I Bonaparte (1808-1814), en la mal llamada Guerra de la Independencia. Pero había otros aspectos que impulsarían el conflicto carlista, que no por el hecho de ser ocultos tenían menos importancia. Sería, precisamente, en Catalunya donde estos aspectos se revelarían con más intensidad y visibilidad.

El paisaje social y económico de Catalunya era radicalmente diferente del de España. Hacia 1750, en plena posguerra del conflicto sucesorio hispánico (1715-1714), Catalunya iniciaba una lenta y progresiva recuperación de su aparato de fabricación. A partir del establecimiento de comerciantes catalanes en los principales puertos americanos, la importación de materias primas en Catalunya y la exportación de manufacturas en las colonias hispánicas y francesas, desarrolló un potente aparato de fabricación (textiles y alcoholes), que situaría el Principado en el umbral de la Revolución Industrial. En 1832 (un año antes de la muerte de Fernando VII) entraba en funcionamiento la fábrica Bonaplata, en Barcelona, la primera de la península Ibérica que utilizaría el vapor como fuerza motriz.

Grabado de Reus (principios del siglo XIX). Fuente Centro Municipal de la Imagen Mas Iglesias. Reus

Grabado de Reus (principios del siglo XIX). / Fuente: Centro Municipal de la Imagen Mas Iglesias. Reus

Pero aquel crecimiento económico no había tenido una correspondencia en la mejora de las condiciones sociales. El año 1833, Catalunya era un país marcado por unas profundas y dramáticas desigualdades. En el campo y en la ciudad. Nada había cambiado respeto, por ejemplo, a 1683 (un siglo y medio antes), al principio de la primera etapa fabril de la historia catalana. Excepto una cosa: la riqueza (y por lo tanto, el poder) ya no se medía por el valor de producción de la tierra, sino por la capacidad de fabricación de la industria. Y eso quiere decir, lisa y llanamente, que las burguesías industriales de Barcelona y de Reus habían alcanzado el poder económico del país. En cambio, los propietarios agrarios de la Catalunya rural habían pasado a un segundo término, porque las fábricas controlaban la producción y el rendimiento del campo.

Eso representaba un formidable descalabro en los esquemas tradicionales que habían regido la sociedad desde la antigüedad más remota. Un descalabro que alimentaba y que alimentaría (en el transcurso de todo el siglo) la idea —con o sin razón— de que la industria (la burguesía) era la responsable de las terribles crisis que azotaban el campo y que amenazaban no tan sólo la pervivencia del sistema agrario (la vida rural), sino que también el de todas las personas que formaban parte. De toda la pirámide social: desde los grandes propietarios, medianos y pequeños hasta la masa jornalera, pasando por los mayorales (capataces), los medianeros y los rabasaires (arrendadores). Si a todo ello le sumamos que la Catalunya de 1833 era, todavía, un país básicamente rural y agrario, el conflicto estaba servido.

Grabado de Girona (principios del siglo XIX). Fuente Cartoteca de Catalunya

Grabado de Girona (principios del siglo XIX). / Fuente: Cartoteca de Catalunya

En Catalunya, la Primera Guerra Carlista (1833-1840) fue un brutal y encarnizado enfrentamiento entre el nuevo modelo industrial que se imponía, la cultura de la fábrica y el poder de las élites burguesas, contra el de las viejas estructuras históricas y tradicionales, la cultura agraria y el poder de las oligarquías rurales. Hay, como mínimo, dos elementos que lo corroboran y que dibujan un conflicto catalán con la participación de actores muy diferentes en relación al conflicto español. El primero, y más revelador, es que en Catalunya encontramos en el mismo bando, en el carlista, desde el propietario agrario (el explotador de campesinos de la región) hasta la práctica totalidad de su masa jornalera, pasando por el rector de la parroquia, difusor del mensaje ideológico tradicionalista.

Y lo segundo, y no menos importante, es que aquel conflicto, en Catalunya, fue utilizado para dirimir viejas disputas familiares, y no, precisamente, por los límites de fincas. Había una cosa más importante en juego: la disputa por el poder personal y familiar en cada pueblo y en cada comarca, fruto de aquel paisaje en transformación que cubría el país. Un ejemplo muy ilustrativo de este elemento de conflicto serían los hechos de Belianes (Urgell). El 19 de septiembre de 1835 el capitán Antoni Niubó (de Tàrrega y voluntario del ejército liberal) ordenaba fusilar a la totalidad de una compañía carlista: el comandante Rosset de Belianes y 70 voluntarios. Es importante destacar que, previamente a los fusilamientos, los carlistas de Belianes se habían rendido y que el Rosset y Niubó eran viejos conocidos.

Grabado de Lleida (principios del siglo XIX). Fuente Cartoteca de Catalunya

Grabado de Lleida (principios del siglo XIX). / Fuente: Cartoteca de Catalunya

Pero el hecho de que hubieran sido los carlistas los que se habían rebelado contra el gobierno de la reina viuda y regente Maria Cristina no quiere decir que fueran los únicos que ponían las víctimas. El 1 de marzo de 1838, una compañía de voluntarios liberales de Reus, quedó atrapada dentro de la iglesia parroquial de Vilallonga (Tarragonès). La respuesta del comandante carlista Manuel Ibáñez Ubach —el Llarg de Copons— fue tumbar a cañonazos el templo. Murieron 130 voluntarios liberales que no tuvieron, ni siquiera, la oportunidad de rendirse. En este punto es importante destacar que el Llaig hizo la asociación simplista de que los refugiados, por el hecho de ser de Reus, tenían que ser por fuerza liberales y se merecían la muerte. Aquel hecho daría origen a la cita popular catalana: “Fot-li, que és de Reus”.

En definitiva, la dicotomía tradicionalista-liberal que quiere explicar el conflicto en España, en Catalunya tuvo unas connotaciones muy diferentes a causa de los trazos radicalmente diferentes que dibujaban los paisajes sociales catalán y español. En España no se vio nunca a los jornaleros agrarios (que vivían en la misma situación de miseria —o incluso, más— que los catalanes) en el bando carlista. A excepción de los que se habían alistado a cambio de una paga. Y en el País Vasco, las diputaciones forales —gobernadas por los carlistas— tuvieron que recurrir a las levas forzosas. Pero es que en España, y en el País Vasco también, la amenaza al sistema tradicional no se había producido. A excepción de pequeños focos industriales ((València, Alcoi, Málaga, Vigo), la Revolución Industrial todavía tardaría décadas en llegar.

 

Foto principal: El general carlista Savalls y su estado mayor. / Fuente: L'Illustration. París

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