Imagen principal: Portada de una sentencia del Tribunal de Contravenciones / Fuente: Archivo de la Corona de Aragón

Barcelona, 30 de octubre de 1702. Ocho horas de la noche. El Dietario de la Generalitat consignaba que la Real Audiencia de Catalunya había notificado al comerciante barcelonés Arnold Jager la orden de expulsión dictada por la cancillería de Felip V. La Guerra de Sucesión hispánica (1701-1715) ya había estallado en los campos de batalla europeos, y el Borbón hispánico había decretado la prohibición de comerciar con las potencias atlánticas enemigas del eje París-Madrid. La cancillería borbónica argumentaba que Jager había desobedecido repetidamente la prohibición. Pero, en cambio, desde un primer momento, las instituciones catalanas se opusieron a la expulsión y dieron apoyo incondicional a Jager. El tira y afloja entre la justicia hispánica y las instituciones catalanas, se resolvería -—después de dos años de litigios— a favor de la defensa de Jager. Pero las grietas que provocaría aquella crisis resultarían insalvables, y acabarían precipitando la adhesión de Catalunya a la alianza internacional austriacista (1705).

Anna de Inglaterra y Mitford Crowe. Font Viquipedia

Anna de Inglaterra y Mitford Crowe / Fuente: Wikipedia

¿Quién era Arnold Jager?

Arnold Jager era un comerciante exportador neerlandés radicado a Barcelona desde 1667, aproximadamente (treinta y cinco años antes que Felipe V ordenara su expulsión). Jager había sido uno de los pioneros del proceso de internacionalización de la producción catalana: las fuentes documentales (los relatos de los viajeros contemporáneos Ponz y de Vilà) lo relacionan con el también neerlandés Johann Kies Helmont, exportador de aceite del Camp de Tarragona a los mercados centroeuropeos (desde 1660) y con los ingleses Joseph y Arthur Shallet y Gilbert Heathecat, creadores de la primera destilería en Reus (1685) que producía para abastecer a los mercados británicos. Con el transcurso del tiempo Jager había acumulado una fortuna respetable y había adquirido una destacada posición social. Formaba parte de la élite mercantil de Barcelona —también las fuentes lo relacionan con Narcís Feliu de la Penya, fundador de la Compañía de la Santa Creu (1690), la primera compañía mercantil catalana—, y en 1692 había obtenido la dignidad de Ciudadano Honrado de Barcelona.

¿Cómo era la Catalunya de Jager?

El año 1701 Catalunya ya era una potencia exportadora: exportaba lanas en bruto al norte de África y textiles manufacturados y alcoholes destilados en Sicilia, en Nápoles, en los Países Bajos y en Inglaterra. Incluso, los aguardientes de Reus ya se comercializaban en las incipientes colonias neerlandesas e inglesas de las Antillas y de Nord-amèrica. La prohibición borbónica representaba un golpe durísimo a la economía catalana en el punto en que estaba plenamente recuperada de la devastación de la Guerra de los Segadores (1640-1652) y de las terribles crisis ocurridas durante la larga posguerra (1652-1688). Significaba renunciar a las tres cuartas partes de los mercados ganados con un esfuerzo titánico. No había sido tan solo recuperar las vías comerciales anteriores al conflicto, sino transformar una parte importante del aparato productivo del país. Es en aquella época (el último tercio de la centuria de 1600) que se había intensificado la dificultosa transformación de los cultivos tradicionales de cereales por los de plantas industriales: viña, olivo, lino y cáñamo.

Mapa neerlandés de Catalunya (1690). Fuente Cartoteca de Catalunya

Mapa neerlandés de Catalunya (1690) / Fuente: Cartoteca de Catalunya

¿Era cierto que Jager había desobedecido la prohibición?

La prohibición disparó el contrabando. Las vías comerciales se verían muy perjudicadas, pero no llegarían a desaparecer. Y, a partir de la prohibición las fuentes documentales (los Dietaris de la Generalitat) consignan un crecimiento espectacular de confiscaciones (sobre todo del textil) a comerciantes que no habían tenido ningún tipo de presencia, cuando menos una presencia documentada, en las grandes operaciones mercantiles anteriores a la prohibición. Entonces es cuando se dispara la cuestión: ¿era posible que un comerciante que había acumulado una fortuna considerable y que había alcanzado un reconocimiento social destacado, por necesidad o por avaricia pusiera en riesgo patrimonio y posición en el negocio del contrabando? La respuesta nos la da la misma cancillería de Felip V. Jager no fue formalmente acusado de desobedecer la prohibición, sino por su condición de cónsul de los Países Bajos en Barcelona. Es decir, oficialmente por su condición de potencial espía de una nación enemiga del régimen borbónico.

El oscuro propósito de Felipe V

No obstante, los Dietaris de la Generalitat, en las consignaciones de los días y semanas posteriores, apunta claramente a que el propósito de la cancillería borbónica era convertir Jager en la víctima anunciatoria de una maniobra orquestada. Felipe V, al inicio de su reinado (1701), y con el propósito de allanar el camino hacia el trono, había firmado —masticando cristales— unas Constituciones de Catalunya (1701), que no tan solo consagraban el régimen foral catalán, sino que —en palabras del economista coetáneo Feliu de la Penya— eran las mejores que había negociado Catalunya desde Fernando el Católico (1495). Pero —y los hechos posteriores lo corroboran—, Borbón, más que tener alguna voluntad de cumplir, había previsto erosionar progresivamente el régimen foral catalán. Es decir, la cancillería borbónica de Madrid sabía que Catalunya, a diferencia del resto de sus dominios peninsulares, era un país gobernado por las clases mercantiles y pretendía arruinar el aparato económico catalán con el propósito claro de provocar el derrumbe del edificio político catalán.

Felipe V y Portocarrero. Fuente Real Academia de la Historia y Viquipedia

Felipe V y Portocarrero / Fuente: Academia de la Historia y Wikipedia

El Tribunal de Contravenciones

Las clases mercantiles catalanas lo leyeron perfectamente. Desde un primer momento el abogado de Jager forzó la intervención del Tribunal de Contravenciones. Este organismo era una de las principales concesiones que la clase política catalana le había arrancado al primer Borbón en aquellas polémicas Cortes de 1701. Y tenía la misión de resolver las reclamaciones que se presentaban por actuaciones contrarios a las Constitucions de Catalunya. Era, para decirlo de una manera sencilla, una especie de Tribunal Constitucional del país, que le podía enmendar la plana a la Real Audiencia, es decir, a la justicia de Felipe V. Introducir el caso en el Tribunal de Contravenciones sería el gran éxito de la defensa de Jager: no solo activaría toda la maquinaria de las instituciones catalanas (por lo que representaba dirimir un caso en aquella sala), sino que inclinaría toda la clase política catalana a favor de la reclamación. Primero el Consell de Cent barcelonés y el brazo militar y, posteriormente, la Generalitat.

La reacción española

No obstante, el recorrido de aquella causa dibujaría muy ilustrativamente y anticiparía reveladoramente el paisaje de tensión que ya presidía las relaciones entre el aparato hispánico en Catalunya y la clase política catalana. El virrey hispánico Portocarrero, inicialmente partidario de enterrar la cuestión y solicitar una rectificación a Madrid, acabaría chocando con la dura realidad y se convertiría en un dóberman del régimen borbónico. Hizo lo imposible por evitar la entrada del caso en el Tribunal de Contravenciones y, finalmente vencido, presionaría Cordelles, la cabeza visible del brazo militar, a la tradicional y amenazadora manera hispánica, imponiéndole una sanción de 2.000 libras de plata (el equivalente actual un millón y medio euros), con el pretexto de que le alborotaba el gallinero. Los Dietaris de la Generalitat del 24 de marzo de 1702 lo consigna: “sots pena de dos mil lliuras de plata de sos béns propris exigidoras y als reals cofres aplicadoras, que encontinent revoque, anul·le y linie las provisions per aquell com a protector predit, y com a tal altre dels jutges de contrafaccions”.

La conexión entre Jager y Génova

Finalmente, y después de un belicoso intercambio de misivas oficiales entre Madrid y Barcelona durante un año largo, la cancillería borbónica, por miedo a perder la batalla judicial, acabaría retirando la orden de expulsión (1704). Catalunya le había ganado la batalla judicial a Felip V. Jager podría seguir haciendo vida en su casa. Pero el estropicio ya no se podía recomponer. Tan solo un año después, el 20 de junio de 1705, Domènec Perera y Antoni de Peguera, comisionados por las instituciones catalanas, se reunían en Génova con Mitford Crowe, representante de la reina Ana de Inglaterra, y firmaban un tratado que integraba Catalunya en la alianza internacional austriacista. Mitford Crowe es la conexión que explica Génova: había sido un comerciante exportador radicado a Catalunya y era un viejo amigo de Shallet (el creador de la primera fábrica de aguardientes de Reus), de otro Feliu de la Peña (que en futuro sería el creador de la Compañía Nueva de Gibraltar, la primera que rompería el monopolio de Cádiz) y de Arnold Jager.