La existencia de presos políticos catalanes recluidos en penales españoles es una macabra tradición que se remonta al siglo XVII. El 10 de marzo de 1640, hace 377 años, el conde de Santa Coloma, virrey hispánico en el Principat de Catalunya, ordenaba la detención y el encarcelamiento preventivo de Francesc Joan Vergós y de Lleonard Serra, jurados del Consell de Cent de Barcelona. Y ocho días después ordenaba, también, la detención y el encarcelamiento preventivo de Francesc de Tamarit, jurado del Consell de Cent barcelonés y diputado de la Junta de Braços, el equivalente en el Parlament. El mismo 18 de marzo, el virrey había cursado la orden de detención contra Pau Claris, presidente de la Generalitat. La condición eclesiástica del presidente —que obligaba a seguir el procedimiento por otra instancia— si bien impidió su encarcelamiento, no le ahorró una auténtica persecución judicial. Vergós, Seerra, Tamarit y Claris, miembros destacados del partido "republicano", serían acusados de los presuntos delitos de conspiración y rebelión. Y se convertirían en los símbolos de la resistencia política catalana a la ocupación militar hispánica. La mecha que encendería la Revolución de los Segadores.

¿Qué era el partido "republicano"?

Antes de entrar en materia conviene aclarar que el concepto república y el término republicano aplicados a las sociedades de la centuria de 1600 no tienen el mismo significado que hoy en día. El republicanismo del barroco, el del Antiguo Régimen, era la ideología de las clases mercantiles urbanas. Sobre todo, de sus elites. Claramente contrapuesta a la ideología nobiliaria y señorial de las oligarquías agrarias rurales. Y claramente contrapuesta a los estallidos revolucionarios incontrolados de las clases populares. Tanto en Catalunya, como en los Países Bajos, como en Inglaterra, por poner tres ejemplos. La gran crisis catalana (1635-1640) que precedió a la Guerra de los Segadores (1640-1652) puso en escena una reveladora alianza entre clases mercantiles urbanas y clases populares campesinas, impulsada por la existencia de un enemigo común: las oligarquías nobiliarias, el partido nobiliario, que representaban el poder de la monarquía hispánica. El gran éxito del partido republicano no sería por su condición de corpus social mayoritario —que no lo era—, sino por su habilidad política para liderar y conducir una gran revolución social que había estallado entre las clases populares campesinas.

Mapa de Europa. Taller cartográfico de Jan Vriens. Ámsterdam (1650) / Archivo de El Nacional

La restauración de la orden como pretexto de la ocupación militar

Con el pretexto de acabar con el fenómeno del bandolerismo, una guerra intermitente que ponía de relieve el conflicto catalán por el poder entre el partido republicano y el partido nobiliario, el conde-duque de Olivares, ministro plenipotenciario del rey hispánico Felipe IV, había iniciado una lenta ocupación militar del Principat. Era el año 1626, y Olivares ordenaba que los Tercios de Castilla relevaran a las fuerzas de la Generalitat en la pretendida tarea de restauración del orden. Una ocupación que se intensificaría a partir del año 1635, con el intencionado desplazamiento del frente de guerra hispanofrancés a la frontera catalana. El historiador inglés John H. Elliot, profesor de la Universidad de Oxford, en La revolta catalana (Universitat de València, 2006) revela que el año 1635 había cuatro cuerpos del ejercido hispánico acuartelados en Catalunya. Un cuerpo situado en el Empordà, otro en Osona, otro en las llanuras de Lleida y otro en las Terres de l'Ebre. Es decir, 48.000 soldados estacionados sobre un país de 400.000 habitantes. Esta proporción es un detalle muy importante que explica tanto las causas de los encarcelamientos como las de la revolución inmediatamente posterior.

Pau Claris / Archivo de El Nacional

La obligación de alojar y el privilegio de no alojar

Las Constitucions de Catalunya, el texto legal que documentaba y reglamentaba la relación bilateral entre el Principat y la monarquía hispánica, en ningún caso autorizaban la presencia de ejércitos extranjeros en territorio catalán. Ni siquiera las del rey hispánico. Pero la cuestión jurídica no era el principal motivo que inclinaba a las clases populares catalanas a la revuelta. Sino que lo era la obligación de alojar en sus propias casas y alimentar con sus propios recursos a la soldadesca que los represaliaba. Una situación de abuso que se complicaría a partir de los robos, incendios, secuestros, violaciones, amputaciones y asesinatos que las tropas hispánicas practicaban impunemente sobre la población civil catalana. La consagración del estado de terror que, con anterioridad, habían practicado en los Países Bajos hispánicos. En cambio, las mismas Constitucions eximían de la obligación de alojamiento y de alimentación a las clases nobiliarias. Un viejo privilegio que se remontaba a la Edad Media y que habían conseguido conservar en el transcurso de los siglos. La suma de los abusos cometidos por los militares y del colaboracionismo de los privilegiados sería la mecha que encendería la revuelta.

Grabado de Barcelona (1650) / Ayuntamiento de Barcelona

El choque institucional

Febrero de 1640. El país estaba en pie de guerra. Las clases populares catalanas habían contestado a la masacre militar y la inacción de la justicia hispánicas con una reacción extremadamente violenta. Y en plena escalada, Olivares, para remachar el clavo, ordenó a Santa Coloma la leva forzosa de 6.000 campesinos catalanes para combatir la revuelta antihispánica que había estallado en Nápoles. Santa Coloma ordenó lo mismo a la Generalitat y al Consell de Cent. Y el conflicto se trasladó definitivamente a las instituciones. Los líderes del partido republicano, que, en el transcurso de los meses anteriores, habían manifestado públicamente la oposición a los métodos del virrey, se negaron a acatar las órdenes y se enfrentaron, en un conflicto que iba más allá de las cuestiones políticas, con las figuras más destacadas del partido nobiliario y del aparato de dominación hispánica en Catalunya. La negativa del partido republicano a colaborar en la leva forzosa representaba un paso más allá en la oposición militante al sistema de alojamientos forzosos y a la crítica sin ambages a la brutalidad hispánica, y sería el detonante de las órdenes de encarcelamiento.

 

Francesc de Tamarit / Casal La Sega, Santa Coloma de Farners

Los perseguidos por la justicia hispánica

El profesor Elliot presenta una lista de personas que habrían estado en el punto de mira de la justicia hispánica: Pau Claris (presidente de la Generalitat); Joan Pere Fontanella y Pere Joan Rossell (asesores jurídicos de la Generalitat); los diputados de la Junta de Braços Francesc de Tamarit, Francesc de Vilaplana, Ramon de Guimerà, Felip de Sorribes, Josep Margarit y Josep d'Ardena; los jurados del Consell de Cent Francesc Joan Vergós, Lleonard Serra, Josep Fontanella, Miquel Puigventós, y los hermanos Jeroni y Rafel Matali, y el canónigo de Tortosa Francesc Puig. Una lista negra formada, por lo menos, por dieciséis personalidades muy relevantes de la vida pública catalana, que, reveladoramente, estaba encabezada por la máxima autoridad política de las instituciones del país. Una lista negra que revelaba un verdadero conflicto político e institucional entre las instituciones catalanas y la monarquía hispánica que Olivares, Santa Coloma y la larga hilera de colaboracionistas del régimen pretendían resolver por la vía del encarcelamiento y del desmoche del movimiento opositor.

Corpus de Sangre de 1640. Liberación de los presos / Archivo de El Nacional

¿Por qué Vergós, Serra y Tamarit?

Dicho esto, la cuestión que se plantea es por qué Vergós y Serra fueron los primeros encarcelados y días después lo sería Tamarit. Las fuentes nos revelan que Vergós y Serra eran dos personalidades políticas que disfrutaban de una inmensa popularidad y de un gran ascendiente sobre las clases menestrales de Barcelona. Lo que contemporáneamente denominamos activistas. Ocho días más tarde era encarcelado Tamarit, primer diputado del brazo militar, el equivalente —con las obligadas distancias que impone el tiempo— a la actual figura de conseller de Interior. Tamarit era un miembro de la pequeña aristocracia rural. La lógica nos diría que estaba en el bando equivocado. Pero el partido republicano había engrosado las filas con familias de la nobleza rural que también habían sido humilladas, saqueadas y melladas por la brutalidad militar hispánica. La detención y el encarcelamiento de Tamarit era una declaración de guerra institucional que repercutiría en todos los estamentos de la sociedad catalana. Y su liberación, en la revuelta popular del Corpus de Sangre de 1640, marcaría el inicio de una revolución que culminaría con la proclamación de la Primera República catalana de Pau Claris.

Ilustración principal: Conde-duque de Olivares / Wikimedia Commons