Los responsables de 58 editoriales que publican en lengua catalana están en pie de guerra contra el Govern de la Generalitat y el Departament de Cultura por un cambio de criterio, según ellos, de última hora, que les ha dejado sin unas subvenciones muy importantes para su funcionamiento y que afecta, sobre todo, a los sellos pequeños y medianos. Concretamente, se trata de la línea de ayudas a la producción editorial en catalán, que gestiona el Institut Català de les Empreses Culturals, que, a su vez, depende del Departament de Cultura.  Esta línea fue revocada de 210 libros de esta sesentena de editoriales que incumplían la obligatoriedad de publicar el logotipo de ecosostenibilidad dentro de las obras, una decisión que se tomó en noviembre pero que sigue trayendo cola. Algunos de los responsables de estas editoriales lo han denunciado recientemente en las redes. 

Adesiara Editorial publicó un hilo en X explicando su situación, señalando a los responsables de la Generalitat como “ecologistas de pacotilla”. “La semana pasada recibimos una larguísima resolución del Departament de Cultura donde nos denegáis definitivamente cuatro ayudas a la producción editorial. Se ve que hemos cometido el error de creer desde siempre en el ecologismo y hemos puesto en la página de créditos que el papel de nuestros libros tiene el certificado Ecolabel de la UE, uno de los admitidos en las bases de las ayudas), lo que somete a las papeleras a más controles medioambientales”, exponen. Desde este sello, uno de los afectados, lamentan que el Govern les salga con “el cirio roto” que es la editorial quien debe contar con el sello y no el fabricante, “¡como si las editoriales nos dedicáramos también a fabricarnos el papel!”. Yendo más allá, denuncian que la solución que les sugiere la Conselleria para otros libros es que “pongamos alguno de los otros certificados admitidos, y entonces, ¡oh milagro!, ya no hace falta que el certificado lo tenga la editorial, sino que lo podemos presentar las imprentas o los fabricantes. “Francamente, ¡hacéoslo mirar!”. 

El editor Ignasi Moreta, de Fragmenta Edicions, ha explicado, también en las redes que ha recibido “buenas palabras de la consellera y del director del ICEC, pero ninguna solución”, en las gestiones que ha hecho, con Jordi Raventós de Adesaire, para resolver este conflicto que afecta gravemente el funcionamiento de las editoriales catalanas. En un largo hilo en las redes, el editor asegura que la retroactividad es claramente ilegítima y que requiere una rectificación. “La manera en que el ICEC ha jugado con los tiempos de publicación de los cambios normativos, haciendo las cosas mal pudiendo hacerlas bien, ha ocasionado un perjuicio inmenso a las editoriales”, lamenta, asegurando que este ente “no quiere arreglar el problema”, pidiendo a la consellera Sònia Hernández que resuelva esta situación “aunque esto implique desautorizar técnicos y asesores”. 

El Govern asegura que el requisito fue pactado 

Desde el Govern ven esta situación de manera radicalmente diferente. Según defienden, esta es una medida que se adecua a la lucha del Ejecutivo contra el cambio climático y el requisito de la discordia no fue impuesto, sino pactado y consensuado con el Gremi d'Editors i l'Associació d'Editors en Llengua catalana, estableciendo una moratoria de un año para dar tiempo a las editoriales. Con todo, reconocen también que hace falta más “diálogo y difusión” después de que el 21% de los proyectos hayan sido inadmitidos. Según informan desde el Govern, las ayudas han agotado el presupuesto previsto, de 1.600.000 euros, e insisten en que, durante el período de alegaciones a las bases de las subvenciones, no se presentó ninguna alegación.