La Plataforma per la Llengua, la ONG orientada hacia la defensa del catalán, ha publicado un informe sobre las leyes que afectan al catalán publicadas por el Estado español durante el tiempo en que Mariano Rajoy ha estado en funciones: Novetats legislatives del BOE en matèria lingüística durant el govern en funcions de Mariano Rajoy. El informe deja claro que el gobierno español de Mariano Rajoy, a pesar de estar en funciones, no ha dejado de aprobar leyes que protegen la lengua española y perjudican a las otras lenguas del territorio. En el BOE han aparecido 52 normas que afectan al uso del catalán. 18 van dirigidas a las empresas y 34 a otros actores. Muchas de estas normas, 25, imponen la obligatoriedad del español en aspectos relativos a la documentación y el etiquetado. La Plataforma denuncia que, durante el tiempo que el gobierno está en funciones, no tendría que aprobar normas de carácter ideológico, pero que estas leyes claramente apuestan para reforzar una lengua y discriminar el resto de lenguas del Estado, incluso a aquellas que son cooficiales en algunos territorios.

El avance del castellano, nada natural

Con este informe, la Plataforma quiere contradecir las opiniones de aquellos que consideran que el español avanza de forma espontánea, protegido sólo por su fuerza demográfica y por su dinamismo "natural". Este documento pone de relieve que el progreso del español en buena parte procede de la protección legal del Estado, que impone el castellano en muchos ámbitos diferentes, de tal forma que monopoliza el espacio que ocuparían otras lenguas. Al mismo tiempo la ley protege al español de la presencia de lenguas con más hablantes y más prestigio, como el inglés.

Ignorar el catalán

Buena parte de las legislaciones que discriminan al catalán no son leyes específicamente dedicadas a cuestiones lingüísticas, sino que son normas técnicas o burocráticas que no tienen en cuenta que en el Estado se hablan otras lenguas que no son el español. La Plataforma asegura que legislaciones de este tipo son inconcebibles en Estados como Bélgica, Suiza o Canadá, mucho más respetuosos con la diversidad lingüística. En muchas plazas convocadas por el Estado se indica que el aspirante tiene que hablar español; en algunos casos incluso se requiere el conocimiento adicional de inglés, pero nunca se menciona el conocimiento de catalán (por ejemplo, en algunos trabajos en los puertos de Maó o Eivissa, o en los diferentes aeropuertos de los Països Catalans). El Consejo Superior de Deportes exige que las fichas de todos los deportistas estén en castellano, vengan de donde vengan. Y el ejército y los cuerpos policiales del Estado reconocen sólo el español e incluso puede resultar problemático relacionarse con ellos con otras lenguas.

La nacionalidad, sólo en castellano

Uno de los hechos más graves que constata la Plataforma es que a los extranjeros que quieren la nacionalidad española, dentro de los requisitos de integración lingüística, se les pide que acrediten el conocimiento de español, y ni siquiera se las valora el conocimiento de otras lenguas. Pero hay discriminación en muchos otros ámbitos: para solicitar algunas becas sólo se puede usar el español, las monedas sólo se acuñan en español...

Más allá de Madrid

La Plataforma, a pesar de todo, denuncia que no todos los ataques proceden de Madrid. En otro informe más completo, Novetats legislatives en matèria lingüística aprovades el 2015 que afecten als territoris de parla catalana, la ONG del catalán ha estudiado también las normas surgidas durante el 2015 del gobierno de Madrid, del gobierno de las Illes Balears, de la Generalitat de Catalunya, de la Generalitat Valenciana, del gobierno de Aragón y de la Unión Europea. En el caso del ejecutivo español, las conclusiones son bien claras: sólo un 1% de las disposiciones de tipo lingüístico favorecieron el catalán. Todo el resto, el 99%, se encaminaron a favorecer el español. En el caso del gobierno catalán, este dictó 52 disposiciones, de las cuales 51 promovían el catalán, pero casi todas ellas no imponían el catalán, sino que estaban destinadas a ofrecer ayudas para promover el uso del catalán.

Aragón sigue bloqueando

El estudio de las leyes aragonesas del 2015 no es muy satisfactorio para el catalán. Frente a dos leyes que permitían la reincorporación del catalán en la enseñanza y que ofrecían ayudas a los medios de comunicación en lenguas propias, había 22, en ámbitos muy diferentes, que establecían la obligatoriedad del español. La ley educativa que admitía el catalán no era realmente protectora del catalán, ya que establecía que las escuelas podrían ofrecer una hora extra de catalán para aquellos que lo quisieran aprender, con lo cual, la enseñanza del catalán en la Franja resultaba discriminada, al ser considerado una actividad extraordinaria que no afectaba a todos los alumnos.

Las Illes Balears y el País Valencià se recuperan

El gobierno de las Illes Balears, tras la presidencia de José Ramón Bauzá volvió a promover el catalán mediante ciertas disposiciones. Por ejemplo, en 2015 aprobó varias ayudas a organismos que colaboraban en la enseñanza de la lengua catalana y se aprobó el reingreso del gobierno balear en el Institut Ramon Llull, que promueve la lengua y la cultura catalanas en el exterior. La más importante de las disposiciones legales es la que volvió a considerar el catalán como un mérito para incorporarse a la función pública. En el País Valencià en 2015 se dictaron 13 normas, cuatro que fomentaban el castellano y nueve que fomentaban el catalán. Sorprende que incluso en algunas convocatorias de plazas universitarias se especificaba que las pruebas se realizarían en español, excluyendo implícitamente al valenciano.

La no oficialidad en la UE perjudica

El informe de la Plataforma también constata que el hecho de que el catalán no sea lengua oficial en la UE perjudica gravemente al catalán, porque hay muchas disposiciones que permiten el uso de lenguas oficiales de la UE en diferentes ámbitos, y que, por lo tanto, de forma implícita, discriminan al catalán. Eso afecta en ámbitos tan diferentes como el etiquetado o el derecho a la información. Sin un reconocimiento del catalán como lengua oficial en la UE, los derechos lingüísticos de los catalanes quedan muy recortados.