Los vecinos de Gràcia de la zona donde se encuentra el Casal Popular Tres Lliris han pedido al Tribunal Constitucional la reapertura de la causa contra el Ayuntamiento de Barcelona por la cesión del casal. La causa afecta a Eloi Badia, exconcejal de Barcelona, diputado de Sumar y candidato de Sumar Comuns a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, donde va de número 1 por Girona. En mayo de 2022, el titular del juzgado de instrucción 27 de Barcelona aceptó investigar a Eloi Badia, que en aquel momento era concejal de Emergència Climàtica y Transició Ecològica y del distrito de Gràcia, y cuatro técnicos por supuestamente "haber cedido a dedo" un local en Gràcia a una asociación juvenil, según recogía una querella de una comunidad de propietarios del barrio, y que "provoca muchos problemas de convivencia".
La denuncia los acusaba de prevaricación y malversación de fondos públicos porque la adjudicación se hizo sin concurso público. También se quejaban de las molestias que ocasiona este local. Más tarde, en febrero de 2023, el juzgado decidió archivar la querella. El local, ubicado en la calle de Torrent de l'Olla, es propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, que en septiembre del 2017 lo cedió a la Associació de Joves de Gràcia. El magistrado instructor concluyó que el concurso público no era necesario ya que el uso del local es social y no comercial. El auto judicial recordaba que la ley permite el uso gratuito y sin concurso de locales públicos destinados a usos sociales por parte de entidades sin ánimo de lucro.
Recurso de amparo
Ahora los vecinos han pedido amparo al TC y reclaman la reapertura de la causa que se archivó hace un año. Según ha podido saber Crónica Global, el recurso de amparo denuncia que "la justicia convencional ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los residentes que viven al lado del Casal Popular Tres Lliris". Los abogados de los denunciantes defienden que los vecinos conviven con ruido e "impunidad de la casa okupada" y recuerdan al TC que la causa se archivó y que la Audiencia Provincial de Barcelona confirmó el sobreseimiento, aunque precisó que tenía que ser "provisional".
El abogado de los residentes de la zona, José Ramón Sorní, alega que hubo "vulneración de un derecho fundamental", "el de cualquier ciudadano a recibir amparo judicial justo". Según considera el letrado, existe esta vulneración porque el juzgado inicial (el 27 de Barcelona) "no practicó ninguna diligencia a pesar de las abundantes pruebas que aportó la parte denunciante". Los denunciantes subrayan que el distrito de Gràcia, que presidió a Eloi Badia entre 2015 y 2019, cedió los bajos de la antigua Comisaría de la Policía Nacional en Gràcia al colectivo okupa. Los vecinos protestan porque aseguran que el entonces concejal les adaptó el espacio y les permitió impagar el canon pactado con el ayuntamiento. Además, tal como recuerda el digital, "cuando se dictó orden de precinto por ruidos e incumplimientos, su gerente de distrito, Rufino García, suspendió esta orden y el concejal lo justificó con el argumento de evitar un conflicto".
Badia afirmó al juez que la cesión directa del local cumplía la legalidad
Cuando Eloi Badia declaró ante el juez por este caso en septiembre de 2022, defendió que la cesión directa y sin concurrencia pública había seguido el procedimiento legal que se realiza desde el Ayuntamiento con entidades sin ánimo de lucro y que demuestren un proyecto social, según fuentes judiciales. Detalló que en aquel momento el Ayuntamiento de Barcelona tenía cedidos 210 locales de forma directa en convenios con entidades de diferentes barrios de Barcelona y 341 de locales, titularidad del Patronato Municipal de la Vivienda, como el de Gràcia.