Ninguna irregularidad. El concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica y del distrito de Gràcia, Eloi Badia (Barcelona en Comú), ha declarado este viernes como investigado por un delito de prevaricación y de malversación de fondos, denunciado por una comunidad de propietarios de Gràcia por la "cesión a dedo" de un local del barrio a una asociación de jóvenes. Badia ha asegurado al titular del juzgado de instrucción 27 de Barcelona, Francesc Paulí, que esta cesión directa y sin concurrencia pública ha seguido el procedimiento legal que se realiza desde el Ayuntamiento con entidades sin ánimo de lucro y que demuestren un proyecto social, según fuentes judiciales. Ha detallado, que actualmente el Ayuntamiento de Barcelona tiene cedido 210 locales de forma directa en convenios con entidades de diferentes barrios de Barcelona y 341 de locales, titularidad del Patronato Municipal de la Vivienda, como el de Gracia.

Además de Badia, también han declarado como investigados cuatro gerentes y exgerentes del distrito de Gracia y del patronato. Las defensas de todos ellos, ejercida por los penalistas Àlex Solà y Olga Tubau, han avanzado que ante la falta de hechos delictivos, pronto pedirán al magistrado el archivo de la causa, de la cual ya han declarado los vecinos como testigos. Esta es la tercera causa abierta en los juzgados contra el gobierno de Ada Colau por supuestamente favorecer a entidades afines. Una de ellas ya fue archivada.

Querella por la inacción

En la querella, la comunidad de propietarios de la calle Torrent de l'Olla, 203 expone que el 21 de septiembre de 2017 el Ayuntamiento de Barcelona cedió el local situado en esta misma calle, con acceso principal por la calle Nil Fabra, que era una antigua comisaría de la policía española y propiedad del Patronato Municipal de la Vivienda, a la Asociación de Jóvenes de Gracia. El local ya estaba ocupado por jóvenes del histórico Casal Popular Tres Lliris. Precisa que se hizo un convenio de cesión, pero sin concurso público, y que el Ayuntamiento no les cobra ningún alquiler. También aseguran que continuamente hacen fiestas "incluso con la pandemia de la Covid-19", y crean "problemas con los vecinos", y que continuamente tienen que llamar a la Guardia Urbana de Barcelona.

Nuevas condiciones para evitar ruidos

En la declaración de hoy en el juzgado, Badia ha explicado al juzgado que no hace falta el concurso público en este tipo de cesiones si son entidades sin ánimo de lucro y tienen un proyecto, del cual se revisa que cumpla los requisitos y que, al final, es la comisión de gobierno del consistorio quien aprueba la cesión de estos locales. Se añade que, además, los servicios de agua y luz son pagados por el consistorio. Desde la defensa del consistorio también se ha detallado que ante las quejas de los vecinos, en la renovación del convenio con los jóvenes, en el 2021, se les puso nuevas condiciones, como no superar un nivel de decibelios en el interior del local. La asociación de jóvenes no lo aceptó, y se precintó el local y después otro grupo de jóvenes presentó un nuevo proyecto, que pasó los filtros administrativos, y en febrero de 2022 se les concedió el local con estas condiciones para evitar exceso de ruido.

Con respecto a la inacción del Ayuntamiento denunciada por la comunidad de propietarios para solucionar los ruidos, la fiscalía ya investigó este extremo y cerró el caso al comprobar que había mediación. La defensa del consistorio detalla que en cuatro años se han acumulado 172 denuncias a la Guardia Urbana, pero referentes ruidos en el interior del local, solo constan 17 y en el exterior una decena. No esconden que se tuvieron que hacer correcciones en el interior al superarse los decibelios permitidos. No consta ninguna actuación de los Mossos de Esquadra en el interior del local, pero sí en los alrededores de esta antigua comisaría, donde hay bares y terrazas.

Paralelamente a esta causa, Eloi Badia también ha sido denunciado por el supuesto funcionamiento irregular de la incineradora del Besòs.