El Ayuntamiento de Sabadell considera "nulo de pleno derecho" el contrato de gestión de residuos y limpieza de la ciudad, adjudicado a la empresa Servicios Medio Ambiente, S. A. (Smatsa) en 2012 por 18,5 millones de euros anuales. El contrato debía tener forma de un contrato de servicios con una duración máxima de cuatro años, pero se adjudicó una concesión (oficialmente "contrato de gestión de servicios públicos") por quince años, según el Ayuntamiento, que también ha detectado incumplimientos del servicio y sobrefacturación valoradas en siete millones de euros.
El consistorio solicitará este miércoles a la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat un dictamen que determine si esta concesión puede ser revertida, ha explicado este miércoles el alcalde Juli Fernández.
La recogida de basura y la limpieza de las calles es el contrato más importante adjudicado por el Ayuntamiento de Sabadell. En el 2015 suponía el 10,85% del presupuesto.
Traje a medida
Las irregularidades detectadas por los servicios jurídicos municipales son de tipo jurídico y técnico. Las jurídicas se relacionan con el proceso de licitación (pliego de condiciones, oferta presentada por Smatsa, proceso de valoración de ofertas y firma de contrato) y las técnicas con la prestación y fiscalización del servicio.
El informe jurídico constata que el mismo el pliego de cláusulas del concurso incluía algunas anomalías, como fijar una garantía de 600.0000 euros en lugar de los más de 12 millones a que obliga la ley (un 5% del importe de la adjudicación), un hecho prescrito en diciembre de 2015.
Por otra parte, sólo la irregularidad de beneficiar a Smatsa con una concesión y no un contrato es causa suficiente para declarar nula la actuación. En plata, a Smatsa le hicieron un traje a medida con las mejores condiciones de una y otra forma jurídica.
Esta calificación de concesión permite alargar la duración de la adjudicación de cuatro años (más dos de prórroga) hasta quince (ampliable a cinco más) y limita la exposición pública de 56 a 20 días sin obligación de publicar la oferta en el Diario Oficial de la Unión Europea. Esta es, de hecho, la causa más frecuente de rescisión de contratos en los ayuntamientos del Estado. Es un argumento parecido al que obligó al Área Metropolitana de Barcelona a reabrir el concurso de las líneas de bus nocturnas.
Los técnicos municipales señalan otras irregularidades jurídicas en esta adjudicación:
- Compra de vehículos subvencionada por el ayuntamiento a través de una figura no aplicable a privados y con un coste financiero más elevado que el de mercado y sin puntuación técnica económica en el concurso.
- Dar por válida la solvencia de Smatsa para participar en el concurso "cuando había suficientes elementos que indicaban todo el contrario", como haber aprobado, en el anterior contrato, facturas antes de acabar el servicio para poder pagar nóminas, entre otros.
- La adjudicataria aporta la garantía definitiva en forma de aval bancario anual y no por la duración total del contrato más un año, como manda la ley.
- La oferta de la adjudicataria proponía unos costes laborales superiores a los que establecía el convenio laboral de referencia del concurso. Sumaba los costes de vestuario o recursos que no se utilizaban (oficinas, personal administrativo, informadores o peones), entre otros. Este es el origen de una sobrefacturación de seis millones.
El informe técnico, sobre la prestación de servicio, destaca que Smatsa:
- Presenta rendimientos más bajos que los comprometidos en la propia oferta en cuanto a la recogida de residuos, certificando menos volumen de trabajo que el correspondiente a aquel precio.
- Ha hecho menos del 60% de las limpiezas de contenedores contratadas.
- Retrasó hasta enero del 2016 el sistema de seguimiento GPS de los equipos, dejando al ayuntamiento 41 meses sin una herramienta de control comprometida.
- En el caso de la limpieza vial, no ha informado del nivel de cumplimiento de los 52 servicios previstos en la oferta, indicando sólo los recursos que dedicaría a ejecutarlos.
El anterior ayuntamiento también se lleva lo suyo. Según el informe técnico, "no habría actuado correctamente en la fiscalización del servicio":
- No definió, en el plazo de 6 meses desde el inicio del contrato (agosto 2012), los criterios de calidad.
- Acepta facturas de equipos puestos a disposición del servicio en lugar de certificar servicios efectivamente prestados.
- Revisa al alza los precios del 2013 y del 2014 con índice diferentes de los previstos y sobre conceptos no revisables, cosa que genera un sobrecoste que se subiría a 1.210.220 euros.
- No encarga la auditoría de la prestación de servicio incluida en el precio del contrato.
El actual gobierno municipal ha aprovechado la ocasión para exhibir las medidas que ha tomado, como la contratación, el año pasado, de la mencionada auditoría. También el incremento del personal de seguimiento del servicio y la creación del inspector de calle, "primer paso de un cuerpo de inspección de los servicios municipales gestionados externamente".
Mercurio y Pokémon
Este proceso de licitación está investigado en el caso Mercurio por delitos contra la administración pública. El alcalde entonces era el socialista Manuel Bustos, condenado en marzo del 2015 a un año y cuatro meses de prisión en una de las piezas de la causa. A Bustos aun se le investiga por malversación de fondos, tráfico de influencias, delito contra la administración pública y omisión del deber de perseguir delitos. Dimitió el 7 de julio de 2014.
Peor todavía, Smatsa es una filial del Grupo Vendex, investigado en el caso Pokémon, por sobornar a alcaldes y funcionarios de varios municipios de Galicia a cambio de obtener contrataciones como la de Sabadell. Vendex se compone de más de 30 sociedades que ofrecen servicios de mantenimiento integral en varios municipios.
Smatsa gestiona el servicio de basuras de Sabadell desde 1987, hace 30 años. La nueva contratación le aseguraba quince años más prorrogables a veinte. En otras ocasiones había ganado concesiones a cinco y a diez años. Para justificar esta última, más larga, el consistorio de Bustos alegó que quería "economizar las inversiones".
Tanto CiU como el PP votaron en contra porque le "faltaba transparencia". Al concurso se habían presentado también Valoriza (del grupo Sacyr) y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).
También en Barcelona...
Esta última empresa es la protagonista de otro presunto caso de fraude en el servicio de limpieza y recogida de basuras en Barcelona. El pasado 17 de noviembre de 2016, el ayuntamiento denunció en la Fiscalía a la adjudicataria por falsear la recogida de residuos voluminosos y de envases en los distritos de Gràcia, Eixample y Ciutat Vella, para obtener más ingresos. Al mismo tiempo, FCC trabajaba en la calle con una decena de trabajadores menos de los que hacía constar oficialmente, según la denuncia.
Con estos métodos, detectados en el periodo 2013-2015, el ayuntamiento calcula que se ha producido una estafa mínima de 800.000 euros. FCC es la mayor adjudicataria de los servicios de limpieza vial|viaria y la gestión de residuos de Barcelona. Se encarga de los distritos de Ciutat Vella, Eixample y Gracia, lo que supone cerca del 40% de la factura municipal. Con el contrato adjudicado en el 2009, que acaba en 2019, la empresa ingresa unos 106 millones de euros en el año. FCC también investiga el caso.
...y en Badalona
La misma empresa también tiene una causa abierta a raíz de una denuncia del Ayuntamiento de Badalona del pasado 21 de noviembre del 2016. Se le acusa de haber estafado a la ciudad 12,8 millones de euros. En Badalona, FCC tenía adjudicado el servicio por diez años (2010-2020). El informe municipal concluye que FCC habría incumplido la prestación de algunos servicios y que, además, habría provocado sobrecostes de 12,7 millones de euros en el ayuntamiento.
El informe municipal detalla hasta cinco actuaciones dónde las cifras no cuadran: facturación no conforme a pliegos ni leyes de contratos del sector público; imputación de costes sin haber prestado servicio efectivo; infradimensión del servicio de recogida; incremento de los precios de la oferta original y cobro de un mismo coste varias veces.