El plan de usos del Eixample, que se llevará al pleno municipal del Ayuntamiento de Barcelona de este viernes, continúa sin ninguna garantía de ser aprobado, a pesar de una intensa jornada de reuniones que no ha servido para limar las diferencias entre comunes y socialistas sobre el grado de protección que tendrán que tener las diversas calles. Después de que durante la jornada del jueves se volvieran a hacer evidentes las desavenencias entre los socios que conforman el gobierno de coalición municipal, con posturas alejadas entre los dos partidos sobre los ámbitos de restricción de actividades comerciales, este jueves han tenido lugar varias reuniones con representantes de entidades vecinales y comerciales. Con todo, no se ha llegado a ningún acuerdo de convencer al mismo tiempo Barcelona en Comú y el PSC.

La falta de entendimiento, sin embargo, va ligada a un intento de seguir buscando un acuerdo, hasta el punto que la segunda teniente de alcaldía, Janet Sanz, ha declinado hacer declaraciones al finalizar la reunión con entidades vecinales para no dar la negociación por cerrada. Con todo, esta misma mañana, Sanz ha afirmado que el posicionamiento de BComú iría en paralelo al defendido por las entidades, que ya se han mostrado contrarias a una regulación más laxa y han alertado del peligro de que al final no haya plande usos para este distrito. Según ha apuntado Xavier Riu, vocal de Urbanismo de la Asociación de Vecinos de la Esquerra de l'Eixample, que ha hablado en calidad de portavoz de las entidades vecinales del distrito, "no puede ser que el plan de usos pactados -en referencia a los de la calle Girona y Sant Antoni- se tengan que tirar a la papelera por acuerdos estraños de los partidos".

Hay que recordar que el plan de usos del Eixample busca restringir la apertura de nuevos establecimientos de sectores con riesgo de crear situaciones de monocultivo, como ha pasado con la restauración en la calle de Enric Granados, y establece dos niveles de regulación que marcan donde y en qué condiciones pueden abrir nuevos bares y restaurantes. La fricción entre BComú y PSC se encuentra, básicamente, en sí en esta zona más restrictiva se tiene que incluir el ámbito de Sant Antoni, que ya tiene un plan de usos propio. De momento, BComú mantiene que sí y PSC quiere que solo afecte a las calles de Tamarit, Parlament y Aldana.

Partida de Monopoly sin vencedores

Esta partida de Monopoly, donde el miércoles los comunes aceptaron pasar a la zona de menos regulación las calles Bruc, Roger de Llúria y Bailén, parece de momento no tener ningún ganador y es por eso que si el plan de usos llega al pleno del viernes, tenga más posibilidades de ser rechazado que de ser aprobado. Hay que recordar que en comisión, todos los grupos votaron en contra, excepto BComú que votó a favor y ERC que hizo reserva de voto. En este sentido, se podría dar la posibilidad de que, aunque ERC votara a favor, el plan fuera rechazado, con los votos del resto de formaciones.

Aunque la postura oficial de la segunda tenencia de alcaldía es la de insistir en que este plan se tiene que aprobar en el pleno de enero, porque ahora mismo hay una moratoria que impide la apertura de nuevos locales que vence el 11 de marzo, crece la presión para que salte del orden del día y se posponga para febrero, entendiendo que igualmente habría tiempo de ejecutarlo antes del vencimiento de la moratoria. Este jueves mismo, el Gremio de la Restauración de Barcelona ha hecho un llamamiento en este sentido. De momento, sin embargo, en el orden del día se mantiene la votación, con la probabilidad de que BComú tenga que encajar una derrota, especialmente significativa porque le llegará de la mano de sus socios de gobierno, el PSC.