La sentencia judicial que obliga a un colegio de Canet de Mar a renunciar a su proyecto educativo porque una familia exige más clases en castellano ha llegado al pleno municipal del Ayuntamiento de Barcelona en forma de hasta cuatro proposiciones, presentadas por ERC, PSC, Ciutadans y PP. Y como pasa cada vez que se discuten cuestiones lingüísticas, el debate ha subido de tono por las posiciones completamente enfrentadas entre los diversos grupos políticos.

El punto más álgido ha sido cuando el presidente del grupo municipal de ERC, Ernest Maragall, se ha encarado con su homólogo del PP, Josep Bou, el cual acababa de hacer un discurso de defensa de la lengua catalana salpimentado de alusiones al regionalismo catalanista de otros tiempos, incluida una referencia a Joan Maragall, abuelo de Ernest.

Maragall se ha referido a las palabras de Bou como "exhibición de nacionalismo español" y ha estallado cuando, dirigiéndose directamente a Bou lo ha emplazado a hacer callar a su jefe de filas, Pablo Casado: "Le pido señor Bou, muy sinceramente, que no vuelva a dar lecciones de catalanismo mientras no haga callar al señor Casado y sus exabruptos y ataques miserables contra la lengua catalana".

Sin explicitarlo, Maragall se ha referido a las declaraciones de Casado según las cuales en Catalunya "hay profesores con instrucciones de no dejar ir al lavabo a niños porque hablan en castellano" o que hay a niños a quien se ha castigado "poniendo piedras en la mochila" por haber hablado en castellano en el patio de la escuela. En su turno de réplica, Bou ha evitado entrar en el cuerpo en cuerpo.

Aprobada la proposición de ERC

Aunque PSC, Cs y PP han defendido sus posturas lingüísticas, muy en sintonía con la defensa de la supremacía del castellano en Catalunya, finalmente sólo ha sido aprobada la proposición de ERC, gracias a los propios votos, los de JxCat y los de BComú, la abstención del PSC y el voto contrario de las formaciones unionistas. Las otras proposiciones han sido rechazadas.

La propuesta aprobada

"El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona manifiesta que:

1. Constatamos que las determinaciones pedagógicas y curriculares que definen un sistema educativo tienen que ser establecidas directo y exclusivamente por la representación democrática de la ciudadanía en ejercicio del poder reglamentario atribuido a las cámaras legislativas.

2. Constatamos igualmente que el sistema educativo catalán cuenta desde hace casi 40 años, es decir desde la recuperación de la democracia y el primer ejercicio del autogobierno, con un régimen curricular basado en el carácter vehicular de la lengua catalana y en el pleno dominio de la lengua castellana al completar la educación obligatoria.

3. Constatamos finalmente que disponemos de un sistema educativo dotado del método de inmersión lingüística como herramienta de cohesión social y garantizaba de la efectiva consecución de los niveles de aprendizaje previstos en los currículums educativos que las leyes establecen. Con pleno respecto a la diversidad de lenguas maternas y, por lo tanto, a los derechos lingüísticos de todos y todas las alumnas que cursan la educación obligatoria en Catalunya.

4. Afirmamos que este principio legislativo, confirmado por las sucesivas mayorías democráticas en el Parlament de Catalunya, sigue siendo hoy plenamente vigente, definido y reconocido por la ley catalana, tanto como admitido por la última y vigente legislación básica española.

5. Rechazamos los intentos políticos y partidistas de introducir artificialmente a nuestras escuelas un conflicto lingüístico inexistente, un conflicto que sólo puede producir confrontación absurda entre los propios niños o entre las familias obligadas a soportar presiones del todo contrarias a la normal convivencia que tiene que caracterizar las relaciones personales en el seno de la comunidad educativa.

6. Proclamamos, una vez más, que el modelo lingüístico catalán ha demostrado sobradamente su calidad y adecuación a la demanda ciudadana general, acreditando resultados académicos igual o mejores que los del conjunto del Estado y del todo equiparables a los de los sistemas educativos de cualquier otro país desarrollado. Tan con respecto al dominio de la lengua propia, la catalana, como el del castellano en tanto que lengua cooficial y, gradualmente, al dominio suficiente de una tercera lengua.

7. Proclamamos el pleno con respecto a las decisiones lingüísticas que cada familia adopte en su propio entorno y, al mismo tiempo, reclamamos el respeto de todas y cada una de ellas a las previsiones pedagógicas y curriculares establecidas por las leyes y contenidas nos los proyectos lingüísticos que cada centro, en ejercicio de su autonomía y responsabilidad, elabora, aprueba y aplica.

8. Nos dirigimos a todas las administraciones competentes en materia educativa, es decir, el propio Ayuntamiento, la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de España, para que confirmen y protejan el cumplimiento de la legislación vigente, recordando que este sólo es revisable por medio de la voluntad popular debidamente reflejada en las mayorías parlamentarias correspondientes.

9. Nos dirigimos también a todas las partes de la comunidad educativa para confirmar que cuentan con el pleno apoyo de esta administración municipal en la defensa del interés general que nuestro modelo educativo y lingüístico quiere garantizar en el presente y mejorar en el futuro inmediato.

10. Nos dirigimos finalmente a todas las familias del país para que no se dejen arrastrar a escenarios de confrontación sin contenido real: el catalán es la lengua propia del país y el castellano, lengua hermana, cooficial en Catalunya y compartida con centenares de millones de ciudadanos por todo el mundo, es también nuestra, respetada y amada como lengua materna de tantos catalanes y catalanas.

11. Nos comprometemos, pues, a que nuestras escuelas e institutos no pierdan la riqueza lingüística que nos caracteriza como sociedad y no renunciaremos a la consecución general del máximo dominio plurilingüístico, ahora ya incluyendo necesariamente una tercera lengua.

12. Mantendremos el compromiso institucional con nuestro modelo educativo y lingüístico preservándolo de presiones externas y dando el máximo apoyo a los centros educativos, a su cuerpo docente, a las familias que les dan sentido y a los chicos y chicas que son los únicos y auténticos titulares del derecho a recibir la mejor educación".

 

Imagen principal: Ernest Maragall, en un anterior pleno / ACN