La Generalitat, el Gobierno, el Ajuntament de Barcelona y la PAH han acordado crear un grupo de trabajo de carácter técnico para encontrar realojamientos dignos a las personas desahuciadas. Este es el principal resultado de la reunión que las cuatro partes han mantenido este lunes en la sede de la Agència de l'Habitatge, después de que la PAH ocupara el consistorio barcelonés el pasado jueves. Las tres administraciones han coincidido en apuntar que no se puede permitir que haya 600 familias en Barcelona, 1.300 en Catalunya, provenientes de desahucios que están realojadas en pensiones. El grupo de trabajo se reunirá la próxima semana y tratará diferentes posibilidades, entre las que hay pisos de la Sareb.

El pasado jueves la PAH puso sobre la mesa el problema de 600 familias que se encuentran alojadas en lugares "precarios" y "temporales" después de haber sido desahuciadas y denunció que en muchos de estos espacios no se cumplen con las mínimas condiciones de salubridad. Finalmente, la organización arrancó una reunión con las tres administraciones que ha tenido lugar este lunes por la mañana.

Al acabar la reunión, el secretario de Habitatge de la Generalitat, Agustí Serra, ha explicado que el encuentro ha servido para "enmarcar la problemática", que pasa por el hecho de que 1.300 familias por todo Catalunya están en lista de espera en una mesa de emergencia habitacional porque no hay viviendas disponibles y que se pasan unos dos años en esta situación. "Es un problema muy grave no poder proveer a estas familias (de una vivienda) y mientras tanto estar alojadas de diferentes maneras, muchas veces a nivel bastante precario", ha declarado.

De su lado, ha explicado que desde la Generalitat han comprado unas 2.000 viviendas en los últimos tres años por la vía del tanteo y retracto pero estos ya están adjudicados, con lo cual ha insistido en que hay que construir vivienda pública nueva. "Tenemos que buscar soluciones en primer término pero si no venden acompañadas de medidas estructurales para producir de nada servirá", ha sentenciado.

Desde el Estado, el subdelegado en Barcelona, Carlos Prieto ha afirmado que ellos están dispuestos a "estudiar todas las posibilidades", aunque ha añadido que es la Generalitat "quien tiene competencias exclusivas en materia de vivienda". Prieto ha afirmado que el Estado ha retirado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el gobierno del PP contra la ley 24/2015 y ha destinado ya 20 MEUR de un total de 270 MEUR que le corresponden a través del último plande vivienda.

De su lado, la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín, ha valorado positivamente el encuentro ya que ha notado "voluntad de implicarse" por parte de todas las administraciones, mientras que hasta ahora ha asegurado que han gestionado la problemática "en solitario". 

Por último, el portavoz de la PAH, Santi Mas de Xaxàs, también ha hecho una valoración positiva del encuentro porque "las tres partes han reconocido la responsabilidad compartida" y porque han conseguido el compromiso de una nueva reunión técnica la próxima semana y "un plan ejecutivo a principios de septiembre". Mas de Xaxàs ha alertado de que harán un seguimiento de cerca para que se cumpla todo lo que se vaya acordando.

Las cuatro partes implicadas han coincidido al apuntar en que la urgencia pasa para dar solución a las 600 familias de Barcelona en esta situación pero que el objetivo es dar solución al problema general.