El debate político sobre la reforma del delito de sedición se ha trasladado este viernes por la mañana al pleno municipal del Ayuntamiento de Barcelona por la vía de dos proposiciones presentadas por los grupos municipales de Ciudadanos y el Partido Popular, que a pesar de no ser exactamente iguales, conducían al mismo fin, intentar posicionar al plenario en contra de la reforma de la sedición y la eventual reforma del delito de malversación. En este sentido, Ciudadanos ha presentado una propuesta para que el pleno rechazara una eventual modificación del delito de malversación, mientras que los populares pedían que el Ayuntamiento instara al Gobierno a retirar la iniciativa parlamentaria para reformar la sedición. Como era previsible, las dos han sido rechazadas.
De hecho, que las dos propuestas, que se han debatido conjuntamente, hayan recibido solo el apoyo de los proponentes, de Valents y de la concejala no adscrita, ya entraba dentro de lo que era fácilmente predictible, ya que tanto los partidos independentistas, ERC y Junts, como los dobles socios de gobierno en Barcelona y en el Gobierno, los comunes y los socialistas, han rechazado las propuestas, en clara sintonía con el posicionamiento que mantienen los dos partidos en el Congreso de los Diputados. Ahora bien, si el único objetivo era llevar el debate a la Casa Gran, pues entonces sí que se puede interpretar que Cs y PP lo han conseguido, aunque sin más consecuencia que el inevitable rechazo.
En todo caso, el debate ha sido uno de los más encendidos del plenario, con Paco Sierra, el todavía presidente del grupo municipal de Ciutadans, que ha rebuscado en su catálogo de adjetivos para asegurar que la malversación es un delito "execrable", y ha planteado que reducir las penas por este delito forma parte de la "carta a los Reyes" de los partidos que sostienen el Gobierno, que según su opinión son, "los mismos que quieren romper España". Por su parte, el presidente del grupo municipal del Partido Popular, Josep Bou, no ha querido quedarse atrás y ha afirmado, con respecto a la reforma de la sedición, que "las leyes de España no se pueden redactar en la sede de un partido político" y menos para acomodarse a las necesidades "de los que se levantaron contra nuestra nación". Eva Parera, líder de Valents, se ha alineado con estos dos partidos, pero les ha reprochado que no hayan presentado una moción de censura al Congreso de los Diputados, que habría evitado el debate. La concejal no adscrita, Marilen Barceló, también se ha mostrado a favor de las dos propuestas.
Por el otro lado, la portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha recordado que los dos partidos proponentes son "irrelevantes en Catalunya" y ha reivindicado el papel de los republicanos en la consecución de la reforma de la sedición, como "un paso que nos permite hoy estar mejor que ayer". "Recuerden que Pedro Sánchez prometió reintroducir el delito de referéndum ilegal y ahora estamos aquí, ahí es nada", ha añadido. Por parte de Junts, la presidenta del grupo municipal, Neus Munté, ha señalado que Junts defiende "la derogación real, no la sustitución de un delito por otro que parece hecho a medida", y ha recordado que Borrell ya ha señalado que al delito "se le cambia el nombre, pero la esencia no desaparece".
Bonet cree que se habría podido extraditar Puigdemont
Precisamente, esta línea argumental es la que ha defendido por parte del PSC a la teniente de alcaldía Laia Bonet, que ha señalado que con el delito de desórdenes agravados, "probablemente Puigdemont habría sido extraditado desde Alemania". Finalmente, el concejal Marc Serra ha defendido por parte de Barcelona en Comú el voto contrario a las dos proposiciones señalando que la reforma de la sedición "es una oportunidad de encontrar una solución a un conflicto que tiene una naturaleza política". Al finalizar el debate, ninguna sorpresa. Las dos propuestas han sido rechazadas, pero Ciudadanos y el Partido Popular han ejercido su capacidad de llevar el debate del Congreso al pleno municipal de Barcelona.