La Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) denuncia la existencia de más de 8.000 viviendas con problemas estructurales graves en Barcelona, muchas de las cuales ponen en peligro la vida de los habitantes. En un acto que ha tenido lugar este jueves por la mañana, se han puesto cifras a los problemas estructurales graves en cuatro barrios: el Besòs, con 5.000 viviendas afectadas, 2.800 de las cuales en riesgo grave; la Pau, 2.500 viviendas afectadas; la Trinitat Vella, 432 viviendas, y el Carmel, 5 viviendas. “Es muy probable que el problema sea mucho más extenso”, ha avisado Miquel Borràs, presidente de la FAVB, que también ha contabilizado 314 viviendas con problemas estructurales graves en el barrio del Poblenou.

Las cifras se han extraído de informes de la administración, elaborados en colaboración con las asociaciones vecinales. “En Barcelona hay barrios en peligro, con viviendas en riesgo muy grave y gente que se está quedando sin casa”, ha resumido Borràs, que ha añadido que “existen soluciones, pero las administraciones no cumplen lo acordado: recortan los programas de intervención comprometidos y, a veces, políticos y técnicos mienten al vecindario”. “Exigimos soluciones reales”, ha insistido, para recordar que los casos citados son, principalmente, barrios construidos como vivienda protegida en los años 60 y 70, y otros son de iniciativa privada, pero hechos con materiales deficientes, como el cemento aluminoso, que causa la aluminosis, y habitados principalmente por gente con rentas medias, bajas o muy bajas.

Muchos de estos barrios fueron gestionados en los años 80 por Adigsa —dependiente de la Generalitat de Catalunya—, que reparó o rehizo una parte de los edificios, y otros los vendió a bajo coste a los mismos inquilinos. Sin embargo, la FAVB critica que a menudo se aplicaron soluciones superficiales para retrasar el deterioro, sin solucionar los problemas estructurales. Por ello, las asociaciones vecinales denunciaron el engaño en aquel momento. “Ahora, los habitantes pagan el precio que no quisieron pagar las administraciones anteriores”, mantiene Borràs.

En este contexto, la Favb ha pedido “una acción política de gran envergadura” y que el Ayuntamiento asuma la gestión pública de las intervenciones cuando la población no sea capaz de gestionarlas. La federación vecinal también ha exigido “líneas de crédito público asequible” y, sobre todo, “resolver con urgencia las situaciones desesperadas con compromisos seguros para las familias”, con acciones que han de incluir el análisis social y estructural del edificio, un proyecto de rehabilitación, financiación asequible y, si es necesario, vivienda provisional. “De todo lo que la administración prometió, casi no se ha cumplido nada. Y lo que se ha hecho ha sido con retraso y gracias a la insistencia de la asociación vecinal”, ha denunciado Miguel Romera, del barrio de la Pau.