Francisco es vigilante de una empresa privada que este viernes ha empezado su tarea de vigilancia como agente cívico del perímetro del Turó de la Rovira, la última medida del Ayuntamiento de Barcelona para evitar que se repitan los saltos en la valla que cierra el paso en la cima de la colina, donde hay los llamados búnkeres del Carmel, después de que desde el martes el Ayuntamiento de Barcelona ha empezado a cerrar todo el recinto por las noches con el objetivo de evitar las aglomeraciones que hasta el momento han ocasionado molestias a los vecinos de la zona y que, de momento, tienen un resultado desigual, ya que evitan la masificación, pero a cambio comportan la ocupación de amplias zonas fuera del perímetro cerrado.
Desde las cinco de la tarde y hasta las nueve de la noche, Francisco y sus compañeros, esparcidos en diferentes puntos de acceso a la cima de la colina -algunos lo bastante alejados como el principio de la calle Gran Vista, que queda cortada al tráfico los fines de semana- tienen la tarea de controlar el acceso, en especial a partir de las 19.30 horas, cuando la Guàrdia Urbana procede a desalojar a las personas que todavía hay en la cumbre del Turó de la Rovira. Este viernes, contra todo pronóstico, a las siete de la tarde a duras penas había un centenar de personas, una cifra no muy diferente de la del martes, a pesar de estar a las puertas del fin de semana.
El mismo Francisco recuerda que en verano ya había patrullado la zona y constata las diferencias. "Ahora hay menos gente", asegura, mientras uno de los vecinos de la calle Marià Labèrnia, en la zona cero del conflicto entre turistas y vecinos, confiesa que se siente más "tranquilo" con la presencia de los agentes, y también del despliegue de la Guàrdia Urbana, que los fines de semana multiplica las patrullas. Una vez cerrado el perímetro, el vigilante se encarga de avisar a los grupos de visitantes que siguen subiendo de que ya no se puede acceder al recinto de la batería antiaérea. Algunos dan la vuelta con cierta decepción, otros se esparcen por las zonas boscosas de los alrededores. Y nadie descarta que, una vez se marchen los agentes cívicos, haya grupos que vuelvan a intentar saltar. Eso sí, con el peligro de ser sancionados con multas que pueden llegar a los 300 euros.
Capacidad informativa
Hay que recordar, en todo caso, que los agentes cívicos solo tienen capacidad informativa y que, en caso de actitudes sancionables como saltos de la valla, beber alcohol en el espacio público o hacer más ruido del permitido, los agentes cívicos solo pueden informar a los presuntos infractores de los hechos y, en todo caso, avisar la Guàrdia Urbana. Asimismo, mientras no se consuma alcohol ni se haga demasiado ruido, no hay ninguna normativa que impida a los visitantes esparcirse por la zona exterior del perímetro y quedarse todo el rato que haga falta. En todo caso, tal como señaló el jueves la concejala de Horta-Guinardó, a Rosa Alarcón, el Ayuntamiento no se desentiende de la situación: "Somos conscientes de que el problema no está resuelto".