La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra el Plan especial de usos de actividades vinculadas al reparto a domicilio del Ayuntamiento de Barcelona, que prohíbe a los conocidos como supermercados fantasma y envía las cocinas industriales, o también renombres 'dark kitchen' en los polígonos de la Zona Franca. La ACCO a través de un comunicado ha afirmado que aunque "es legítimo y razonable" intentar minimizar las molestias de este tipo de establecimientos para los vecinos, el plan del consistorio "va más allá de lo que sería necesario y proporcionado, restringe la competencia y vulnera los principios de buena regulación y la Directiva de Servicios".

Un plan|plano "especialmente restrictivo"

Competencia ha denunciado que la medida "no se ha justificado debidamente" porque el Ayuntamiento de Barcelona "no ha analizado ni el impacto en la competencia y el mercado, ni la necesidad, ni la proporcionalidad, ni la sostenibilidad económica de la norma". Así pues, según el ACCO el plan es "especialmente restrictivo" con los supermercados fantasma desde donde se envían pedidos de compras online, ya que según los datos del mismo consistorio, estos establecimientos "causan menos perturbaciones en la vía pública que, por ejemplo, los locales de restauración con una fuerte actividad de reparto a domicilio". Es por esta razón que Competencia considera "desproporcionada y discriminatoria" su prohibición.

En paralelo, el ACCO considera que permitir que las cocinas industriales o 'dark kitchens' solo se puedan instalar en los polígonos industriales de la Zona Franca "independientemente de su dimensión" es una "clara desventaja competitiva" para estos negocios. "En el mercado a domicilio, los tiempos de entrega son clave y la Zona Franca se encuentra muy alejada de la ciudad. El Ayuntamiento ha obviado alternativas menos restrictivas, como sería permitir estas cocinas también en otras zonas industriales de la ciudad", afirma. Aparte, se queja de que el consistorio no ha tenido en cuenta "el impacto ambiental y de congestión del tráfico derivado de los desplazamientos más largos que tendrán que hacer estos negocios para repartir a domicilio".