Cada vez está más cerca la cita electoral para las municipales. Y, consecuentemente, cada vez está más cerca el fin del mandato del actual ejecutivo de la ciudad de Barcelona. Y, como todos los mandatos, tiene sus aciertos y éxitos y sus errores y fracasos. Pero quizás el mejor barómetro para detectar los fallos en la gestión de temas de gran impacto directo en la ciudad son las reclamaciones de los propios vecinos. Y, la última legislatura, con Barcelona en Comú al frente del gobierno municipal, ha sido una de las más controvertidas. 

Temáticas tan variadas que van desde la recogida de residuos a la falta de miras sobre la accesibilidad de la ciudad, pasando por tanatorios, inseguridad o movilidad. Son varias las temáticas que han hecho enfadar a buena parte de la población en todos los barrios de la ciudad, pero todos tienen un punto en común: la falta categórica de diálogo por parte del ayuntamiento, que ha optado en buena parte por una política unidireccional y de oídos sordos que contrasta con las constantes afirmaciones de necesidad de escuchar a los vecinos y garantizar su participación directa y democrática en los asuntos municipales que les afectan.  Para ello, a los vecinos solo les queda una carta: elevar su voz crítica a través de las redes sociales.

La movilidad urbana ha sido uno de los temas estrella de estas quejas, con el colectivo de conductores de motocicletas de la capital catalana al frente. Este grupo defiende el uso de estos vehículos como parte de la solución de la movilidad urbana y denuncia políticas como la instalación de peligrosos cojines berlineses, reductores de la velocidad, o la confusa señalización de las calles. Además, el colectivo critica al Ayuntamiento que esté estudiando implementar una medida que obligaría a pagar por aparcar la moto en la calle de la ciudad. @motoristesbcn han logrado juntar a casi cuatro mil seguidores en Twitter que apoyan sus reivindicaciones. 

La defensa de los derechos de las personas con movilidad reducida es otro claro ejemplo de lucha vecinal que quiere que no se les deje atrás. El colectivo “Accessibilitat Ciutat i Platges de Barcelona” usa su cuenta de Twitter para defender que Barcelona sea una ciudad inclusiva para todos los ciudadanos, poniendo el foco en las necesidades específicas del colectivo que representan. Una de las últimas polémicas que les ha convertido en un movimiento viral: más de 8.000 personas con discapacidad no podrán acceder a las playas durante dos meses. El colectivo @AccessibilitatB denuncia que esto pasa porque el gobierno municipal les discrimina. 

La falta de inversiones en equipamientos municipales básicos para el desarrollo del barrio y la lucha contra proyectos que requieren una inversión millonaria del ayuntamiento de la ciudad con ningún impacto positivo entre los vecinos, ha centrado la actividad de otro colectivo que reivindica sus derechos frente a la inacción municipal. La Associació de Veïns de la Barceloneta se han pronunciado en diferentes ocasiones en contra del millonario plan de Colau para ampliar el CSIC en el Front Marítim de la ciudad. Los vecinos aseguran sentirse olvidados y descuidados constantemente por el Ayuntamiento de Barcelona y están a favor de mantener la zona de ocio de la zona para garantizar así la seguridad y los puestos de trabajo que generan. De hecho, no se han quedado en las redes sociales: la AAVV de la Barceloneta ha hecho llegar una carta con reivindicaciones al consistorio para manifestar su discrepancia acerca del protocolo de colaboración firmado por el Ayuntamiento y la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Otro de los colectivos más conocidos y que también han ido más allá de las redes sociales sin ser escuchados por el gobierno municipal son los vecinos del barrio de Sant Andreu en su lucha para frenar el sistema de recogida de residuos puerta a puerta. En la puesta en marcha de este proyecto, se detectaron muchos problemas de gran impacto negativo en el barrio con aspectos como suciedad, plagas, problemas de movilidad de personas con algún tipo de discapacidad, incremento del ruido nocturno o la suspensión del derecho a la protección de datos personales. Estos vecinos, organizados colectivamente como “Fans del porta a porta” (@fans_portaporta), acumulan casi 1.500 seguidores en su perfil de Twitter y mantienen muy activo un canal de Telegram con unos 600 usuarios. También realizaron una recogida de firmas récord entre los vecinos del casco antiguo del barrio de Sant Andreu del Palomar, con casi 5.000 firmas que reclamaban la no implantación de este sistema de recogida de residuos que fueron automáticamente rechazadas por el Ayuntamiento de Barcelona. Los vecinos denuncian diariamente que el actual sistema de recogida de residuos impuesto por el ayuntamiento no funciona, es un sistema punitivo y no está pactado con los vecinos. Aparte del maltrato por parte de representantes del gobierno de Barcelona en Comú, con continuas faltas de respeto hacia las peticiones del colectivo y su negativa a la hora de escuchar sus reivindicaciones.

Suciedad, inseguridad e incivismo son los temas que protagonizan las reivindicaciones de otro colectivo, en este caso en el mismo centro de Barcelona. “Acció Raval” (@AccioRaval), movimiento que acumula a más de cuatro mil seguidores en Twitter, también representa a una plataforma vecinal de este barrio barcelonés y denuncia con constancia el mal estado de sus calles, más allá del urbanismo, sino sobre todo enfocado en intentar mejorar la convivencia y el bienestar de todos los vecinos y su lucha contra la inseguridad y el crecimiento exponencial de los problemas vinculados con la venta y el consumo de drogas en la zona. 

Los vecinos de cuatro patas también tienen sus derechos, muchas veces ignorados por el Ayuntamiento de Barcelona, que solo habla de ellos para acentuar posibles problemas de incivismo. En este sentido, la actividad de “Espai gos Barcelona” ha sido incansable en los últimos años. Se trata de una asociación que visibiliza en las redes sociales su malestar porque el consistorio barcelonés no facilita la vida con sus mascotas, dejando de lado los derechos que también tienen los animales en la ciudad.

El conocido como Triángulo Golfo en el barrio de Poblenou sufre desde hace más de 30 años ruido, botellones, suciedad y abandono. Los vecinos denuncian mediante vídeos y fotografías esta problemática, que siguen sin soluciones reales por parte de la acción municipal.

“Abaceria Respira” es una plataforma vecinal que apuesta por el seguimiento de la reforma del mercado de la Abacería del barrio de Gràcia, abandonado desde 2018, mientras ven que en su zona les pasan por delante proyectos polémicos como la concesión de equipamientos/edificios públicos a colectivos okupas, cercanos a la ideología de Barcelona en Comú que gobierna el Consell de districte del barrio.  

En el Besòs, la actividad más sonada es la que realiza el colectivo “Airenet”. Un grupo de ciudadanos y expertos que trabajan por la justicia climática y por conseguir medidas reales para mejorar la situación medioambiental de Barcelona, Sant Adrià y Badalona. Con la planta incineradora Tersa como gran protagonista, el gran agujero negro de la contaminación que está gestionado por representantes de Barcelona en Comú y que no ha dejado de polucionar la zona, afectando directamente la calidad del aire de la ciudad y la salud de los vecinos de la zona. Un colectivo que tampoco se ha quedado solo en su divulgación en redes sociales, sino que se ha atrevido a denunciar en los tribunales esta situación y la inacción política en su gestión.

Finalmente, Sants tampoco se libra del impacto de la gestión municipal de los últimos años, y evidentemente, los vecinos no se han quedado callados. Uno de los colectivos más reivindicativos en este sentido es la plataforma “Stop Tanatori Sants” que llevan años luchando contra el proyecto que colocará un nuevo tanatorio municipal en una estrecha calle cercana a la estación de trenes. La plataforma asegura que su misión es defender el barrio de Sants, su espacio público y el patrimonio de los especuladores que pretenden menoscabar la calidad de vida de la zona y, en definitiva, expulsar a los vecinos con malas prácticas.