La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no quiere cerrar el mandato sin resucitar la multiconsulta ciudadana que el pleno del Ayuntamiento tumbó el 10 de abril con los votos en contra del PDeCAT, Cs, el PSC, el PP y parcialmente la CUP. Con este objetivo, presiona a la oposición con un informe jurídico para que rectifique su no en el pleno de este viernes. Pero la realidad es que la amenaza velada que si no lo hacen los regidores de la oposición cometerían prevaricación no se sostiene por ningún sitio, como se deduce del propio documento municipal.

El informe, elaborado por la Direcció de l’Àrea de Règim Jurídic del Ayuntamiento, intenta condicionar el voto de los concejales de la oposición que tendrán que decidir si validan uno de los dos recursos de reposición interpuestos contra el acuerdo del pleno que tumbó la multiconsulta. Pero el informe municipal que esgrime Colau no es vinculante. Por lo tanto, no se pueden derivar responsabilidades de votar en sentido diferente de lo que recomienda.

El recurso para recuperar la multiconsulta lo presentaron personas físicas vinculadas a la iniciativa, que incluía dos preguntas. Una, sobre la municipalización del agua y la otra, sobre el cambio del nombre de la plaza dedicada al esclavista Antonio López por el del joven guineano inmigrado muerto en el CIE Idrissa Diallo.

Si el pleno acepta el recurso -como propone el informe jurídico municipal-, las dos preguntas serán revalidadas y con ellas la multiconsulta, aunque se tendría que celebrar dentro del próximo mandato porque se tiene que separar al menos seis meses de las elecciones municipales, según el Reglament de Participació Ciutadana.

Las cuatro ilegalidades de la multiconsulta

De hecho, sobre la mesa hay dos informes privados, uno elaborado por el bufete de abogados Roca Junyent y el otro por el jurista Joaquim Tornos, básicamente coincidentes en sus conclusiones, que cuestionan de raíz los argumentos del informe municipal para aprobar el recurso y avalan el voto en contra de la multiconsulta emitido por la oposición.

El informe Roca, al cual ha accedido El Nacional, demuestra que durante la discusión del pleno, los concejales de la oposición sí que aportaron argumentos jurídicos para oponerse a la multiconsulta. Esta es la base principal del informe municipal, según el cual, los concejales, al no haber presentado estos argumentos, y basarse sólo en razones de oportunidad o políticas, no podían votar en contra de la multiconsulta. Además, el informe Roca niega que los concejales dispusieran de todos los informes previos necesarios antes de votar.

Además, la multiconsulta incumpliría la ley en cuatro aspectos. En primer lugar, el ayuntamiento no tiene la competencia sobre el agua, que depende del Área Metropolitana de Barcelona (ÀMB); en segundo lugar, hay un contrato en ejecución sobre el asunto de la consulta que podría verse afectado: el de la gestión del ciclo integral del agua a cargo de la compañía Aigües de Barcelona por acuerdo del ÀMB; en tercer lugar, el Ayuntamiento no puede convocar legalmente una consulta refrendaria, como la que se propone, dado que se usa todo el censo barcelonés; y, finalmente, el número de firmas recogidas es insuficiente. Por eso, el bufete Roca sostiene que los concejales de la oposición no podían hacer nada más, conforme a derecho, que tumbar la multiconsulta.

El informe concluye que si las citadas razones jurídicas u otras se incluyen en el expediente a petición de los concejales de la oposición, pueden votar no al recurso contra la anulación de la multiconsulta a pesar de lo que recomienda el informe municipal. También el estudio elaborado por Tornos señala que lo que establece la asesoría jurídica municipal y dos informes más a favor de la multiconsulta "no "determina" el voto favorable de los concejales al recurso.

El informe municipal reconoce que no es vinculante

De hecho, el mismo informe de la asesoría jurídica municipal reconoce que los concejales de la oposición tienen plena libertad de voto, dado que el documento no es vinculante. "Finalmente, se quiere dejar constancia que no se está diciendo aquí que el plenario estuviera obligado a asumir los informes jurídicos que constaban en el expediente ni que estuviera obligado a votar en sentido favorable a las consultas de iniciativa ciudadana", señala.

Foto: Colau con miembros de las plataformas impulsoras de la multiconsulta / ACN