El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) con el voto a favor de Barcelona en Comú y de ERC y con la abstención de la CUP. Los cupaires, sin embargo, han acusado al ejecutivo de Ada Colau de hacer "chantaje" para conseguir que este plan saliera adelante, y han ironizado que eso les pasa también en el otro lado de la plaça Sant Jaume.

"O Mas o marzo. O presupuestos o no hay referéndum. O me aprobáis el PEUAT o se levantan las licencias. O PEUAT o barbarie. Y es en este escenario que permitimos la aprobación", ha resumido la concejala María José Lecha. Ciudadanos ha pedido la votación nominal para protegerse de posibles acciones judiciales de operadores hoteleros y turísticos. Ha votado en contra, igual que CiU y el PPC.

Documento de "consenso y denuncias"

La teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, ha reconocido que "quizás la ciudad llega tarde" regulando ahora los alojamientos turísticos, porque "mucha gente ya ha sido expulsada de su barrio por culpa de la presión inmobiliaria vinculada al turismo". También ha admitido que "revertir según qué repercusiones que ha tenido la sustitución de la vivienda por alojamientos turísticos es muy difícil", pero en todo caso ha remarcado que como mínimo se puede llegar a tiempo para "hacer las cosas mejor, para evitar que eso siga pasando".

Por su parte, el concejal del PSC Daniel Mòdol ha apuntado que seguramente éste no es el plan del PSC, pero tampoco de ningún grupo político, sino un documento "de consenso y renuncias" que hay que aprobar para "frenar un proceso" y también para "poner en marcha otro", el de reflexión para ver qué herramientas tiene el Ayuntamiento para regular un sector que es uno de los motores económicos de la ciudad.

Desde de ERC, Jordi Coronas ha opinado que "entre los que quieren huertecillos y hoteles hay un camino del medio", y ha considerado "evidente" que había que regular la situación turística en la ciudad, producto de años y años de políticas que "no han estado atentas a los cambios que se estaban produciendo". "Este plan es bueno", ha concluido al republicano.

Para CiU, "un despropósito"

Desde CiU, Jordi Martí ha constatado que el PEUAT "es una historia cargada de carencias, despropósitos y errores", y ha criticado su "sesgo ideológico". El plan, ha continuado, es "todavía peor" que lo "que" se planteó inicialmente desde el gobierno, "que ha preferido pactar con plataformas que criminalizan el turismo, con los partidos de izquierda y los sectores que se afanan por el decrecimiento".

En la misma línea, el concejal de C's Koldo Blanco ha lamentado que este instrumento tenga como objetivo "el decrecimiento indiscriminado en lugar del crecimiento ordenado". Ha asegurado que su grupo ha hecho todo el posible para flexibilizar esta norma, pero ha lamentado que Ada Colau haya apostado por un pacto con ERC y la CUP y por un "enfoque prohibicionista" en lugar de por una "regulación sensata". Blanco ha lamentado especialmente que el PSC esté en este bloque, y que ERC "haya dado un giro hacia posiciones tan restrictivas".

El popular Alberto Fernández Díaz ha advertido que este es un PEUAT que "frenará la inversión y la creación de empleo", y sobre todo ha alertado que "generará inseguridad jurídica y no garantizará el descanso de los vecinos ni la convivencia de los barrios". Fernández Díaz ha reclamado una comisión de seguimiento sobre esta medida.

¿Qué es el PEUAT?

El PEUAT se ha aprobado este mes de enero poco antes que venzan las diferentes moratorias de licencias hoteleras, la primera la de Gràcia, el 17 de marzo. El plan contempla cuatro zonas: la primera es de decrecimiento hotelero, la segunda es de mantenimiento, la tercera es de crecimiento sostenido y la cuarta tiene que ver con otros ámbitos que tienen una regulación específica. Las negociaciones con la CUP y con ERC han comportado la ampliación de la zona de decrecimiento, donde la oferta hotelera tiene que disminuir.

También se ha modificado el concepto de "disconformidad", de forma que el plan sí que prevé ahora las reformas y rehabilitaciones que los hoteles pueden hacer, que son casi todas excepto el derribo del edificio. Asimismo, se flexibiliza la apertura de hoteles en las zonas donde se permite el crecimiento. Con respecto a los pisos turísticos, sólo se podrán abrir en ubicaciones más periféricas si antes se cierran en el centro. Además, tendrán que ocupar edificios enteros que no hayan sido antes viviendas residenciales.

El gobierno y ERC llegaron a un acuerdo de última hora justo antes de que el PEUAT pasara el trámite en comisión. El grupo de Alfred Bosch planteó dos condiciones: incrementar a los inspectores de pisos turísticos ilegales y consultar a la ciudadanía sobre tres proyectos concretos. Finalmente se ha pactado que de las 40 personas que hay ahora mismo para detectar apartamentos sin licencia, se pase a 80 durante 2017 (40 inspectores y 40 visualizadores) y a 110 en 2018. Además, se plantea que este fenómeno esté "bajo control" durante 2023.