El Ayuntamiento de Barcelona continua negociando el traslado de la Jefatura Superior de la Policía española, situada en el número 43 de la Vía Laietana, a otro lugar a pesar de que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que mantendrían el actual edificio porque no hay "motivos operativos" para proceder a su traslado.

"Seguimos negociando cómo sea y con quién sea. Hay un Gobierno del Estado que dice que no tiene interés pero por otro lado hay la voluntad del Gobierno municipal también votado por todo el mundo excepto por PP y Cs", ha explicado el concejal del distrito de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, en la Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes de este martes-

Un lugar de memoria

"Tenemos claro que tiene que ser un equipamiento de memoria, de reparación de las personas represaliadas, un centro de divulgación, un espacio donde haya los archivos de la represión y un espacio que nos interpele en el presente de lo que es la represión política, la franquista y también la tortura que hay en todo el mundo", ha explicado.

Además, ha tachado las declaraciones de Marlaska oponiéndose a su traslado de "desconsideradas con las personas que sufrieron la represión y con toda la ciudadanía de Barcelona".

Ha detallado que están trabajando con un plan de usos que han compartido con las entidades memoriales de la ciudad --del que hay un principio de acuerdo-- y que están a punto de incoar un expediente para convertirlo bien cultural de interés local para que se incorpore en la red memorial de la ciudad.

Oposición de los sindicatos

Los sectores de la Policía han considerado inoportuna la decisión del Ayuntamiento de Barcelona.  Desde Jupol, organización sindical mayoritaria en la Policía, se ha remitido una carta al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, donde se rechaza dejar Vía Laietana al no ver "ninguna razón ni funcional ni operativa". El sindicato cree que detrás de esta iniciativa "están las consecuencias del pacto de Gobierno alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos".

En junio de 2017, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, el Congreso ya aprobó que la comisaría de Policía de la Vía Laietana de Barcelona se convirtiera en un museo de la memoria histórica. Con los votos a favor de todos los grupos menos del PP, salió adelante en la Comisión de Interior una Proposición No de Ley presentada por el entonces portavoz de ERC, Joan Tardà.