La modificación de la ordenanza de convivencia del Ayuntamiento de Barcelona, que actualmente tiene un texto vigente de 2006, será una realidad con toda probabilidad a principios de febrero de 2026, después de dos años de propuestas y negociaciones. El calendario hasta la entrada en vigor pasa por la aprobación inicial, en la comisión extraordinaria de seguridad de este jueves, del proyecto presentado por la comisionada de convivencia, Montserrat Surroca, que ya cuenta con los votos de Junts per Barcelona, PSC y ERC, y la votación definitiva en el plenario del mes de diciembre, que tendrá lugar el viernes, 19 de diciembre. Una vez aprobado el texto, algo del todo previsible, ya que los tres grupos que lo apoyan tienen mayoría absoluta con creces, el nuevo texto entrará en vigor al cabo de un mes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, un hecho que se podrá producir no más tarde de principios de febrero atendida la circunstancia de la coincidencia con el periodo navideño.

Esta modificación ha sido trabajada con los grupos que componen el pleno con la voluntad de que sea un texto consensuado por la mayoría de formaciones, y de hecho, ha supuesto la aceptación de un 34% de las alegaciones presentadas, pero de las novedades destaca principalmente el hecho de que supondrá un endurecimiento de las sanciones, especialmente en los casos más graves, ya que se ha buscado la manera de superar los topes vigentes por la vía de las agravantes. Así y a modo de ejemplo, las sanciones por hacer botellón se mantienen en una horquilla de entre 100 y 600 euros según la gravedad, pero con la agravante de que si esto se hace en presencia de menores, por ejemplo, un parque infantil, la multa se podría elevar a un máximo de 1.500 euros.

Otro ejemplo es el de las rutas etílicas o de borrachera, que desde octubre están prohibidas en toda la ciudad, pero la ordenanza incluye una sanción estrella de hasta 3.000 euros por promoverlas de manera activa u organizarlas, un supuesto que, además, se quiere introducir en el plan de objetivos de las políticas de prevención y seguridad para asegurar un control sistemático que evite que se reproduzcan estas actitudes. Más ejemplos de endurecimiento de las sanciones a causa de agravantes son el de orinar en la vía pública, con multas de hasta 300 euros, pero podrán llegar a los 750 si esta acción incívica se hace en calles estrechas, monumentos o edificios catalogados, o lugares concurridos.

Datáfonos para facilitar el pago a extranjeros

A este endurecimiento del régimen sancionador se suman otras novedades, como incluir la aporofobia como nuevo eje discriminatorio o el hecho de que se haya trabajado en un punto negro del régimen sancionador, la falta de cobro en caso de extranjeros. En este aspecto, el Ayuntamiento ha trabajado convenios con la Generalitat y el Estado para asegurarse de que las sanciones puedan llegar a todos los catalanes y españoles aunque no residan en la ciudad, pero en el caso de extranjeros no residentes lo que se articula es facilitar el pago en el momento en que se impone la sanción. 

En este sentido, los agentes de la Guàrdia Urbana ya van provistos de datáfono y hasta ahora se pueden pagar por este sistema y con bonificaciones por pago inmediato las sanciones leves, pero ahora se incorpora que en caso de no residentes en el Estado se pueda hacer el pago inmediato para todos los tipos de sanciones, aunque estas sean graves. Otra novedad será que se recaudará más con el pago de las sanciones con modificaciones a la baja en cuanto a las bonificaciones. En este sentido, actualmente los descuentos son del 75 al 65% según el momento en que se pague la multa, de manera que una sanción de 100 euros, pagada inmediatamente, puede salir a 25 o 35 euros. La modificación prevé que ahora el descuento sea del 50 o el 40%, de manera que la misma multa de 100 euros supondrá un pago bonificado de 50 o 60 euros.

Otros aspectos innovadores son el fomento del comportamiento solidario de los ciudadanos ante situaciones o circunstancias discriminatorias, así como un convenio con TMB para fomentar el civismo en el transporte público. Otra novedad que, de momento, es solo una intención que se trabajará a posteriori de la aprobación de la modificación de la ordenanza es la de tipificar la captación para el consumo de productos cannábicos ilegales en el espacio público, una posibilidad que podría llegar en un periodo no inferior a los tres meses.

Solo un 16% de las sanciones se cobra

Sin cambios en el guion previsto, la comisión extraordinaria se ha resuelto con la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza de convivencia con los votos favorables de Junts por Barcelona, ​​PSC y ERC, los votos contrarios de Barcelona en Comú y Vox y reserva de voto del PP. En la defensa del texto propuesto, la comisionada Surroca ha destacado que la aprobación de la ordenanza, “es un hito importante, después de más de dos años trabajando en él” y se ha referido como una “propuesta coral construida entre todos y todas y que incorpora propuestas de la mayoría de los grupos y también de la ciudadanía”

Por su parte, Jordi Martí Galbis, en nombre de JuntsXBCN ha apuntado que el principal problema de la normativa vigente es que “sólo se cobra un 16% de las sanciones”, por lo que ha apuntado que el voto de su grupo incorpora la “garantía de cobro de sanciones y el fin de la barra de libre para captadores de clientes de clubes cannábicos”. Marc Serra, en nombre de los Comunes ha apuntado que el efecto de la modificación, con el aumento de las sanciones “será aún más ineficacia y trasladará la frustración a la población”. Para ERC, Jordi Coronas ha apuntado el voto afirmativo de su grupo, pero también que la modificación es un “documento jurídico” que ahora habrá que desarrollar. PP fue crítico con el texto, pero hizo reserva de voto, por lo que se significará definitivamente en el plenario del 19 de diciembre.