El Ayuntamiento de Barcelona ha interpuesto una denuncia ante la fiscalía contra los autores de un mensaje que ha sido ampliamente difundido a través de las redes sociales. En este mensaje, se hace referencia a una presunta estafa en la cual se describe que la Guardia Civil ha detectado la presencia de 1.600 personas empadronadas magrebíes, residentes en Marruecos, empadronadas fraudulentamente en un domicilio donde solo vivían cinco personas, con el fin de cobrar ayudas sociales y votar por correo a las elecciones municipales.
El consistorio ha identificado a los autores del mensaje y los considera responsables de un delito de odio. Entre ellos hay juristas, psicólogos, guardias civiles e inspectores de policía. Según el escrito presentado, el mensaje ha sido anchamente difundido por diferentes redes sociales como WhatsApp, Twitter y otros, obteniendo decenas de miles de visualizaciones, y con una notoria publicidad. Estos mensajes han recibido mucha difusión y el Ayuntamiento destaca que no tienen ningún fundamento ni ninguna base y ahora será la fiscalía quien investigue si se ha cometido alguno de los delitos que se han denunciado. Llama la atención que entre los autores de estas falsas informaciones se encuentren juristas, policías o Guardias Civiles.
El análisis hecho concluye que el mensaje no solo es calumnioso hacia la alcaldesa de Barcelona, sino que también representa una incitación al odio, el rencor y la animadversión hacia la comunidad magrebí del Marruecos en razón de su origen. Esta incitación al odio se atribuye directa y masivamente a la comunidad magrebí, acusándolos de cometer una estafa que afecta al conjunto de la ciudadanía. Eso se hace con el objetivo de empadronarse en la ciudad para alcanzar beneficios administrativos vinculados al empadronamiento, como cobrar ayudas y votar fraudulentamente por correo en las elecciones.
El informe jurídico también destaca que los autores del mensaje eran conocedores de su absoluta falsedad por su total inverosimilitud. El mensaje no estaba acompañado de ninguna noticia ni referencia periodística que permitiera atribuirle credibilidad, sino que se amparaban en una creencia sin ningún fundamento. Por eso, el escrito en fiscalía identifica cuatro cuentas de Twitter que se han hecho eco del texto, detrás de las cuales hay, entre otros, un agente de la Guardia Civil y un inspector de policía. La denuncia concluye que estos hechos no pueden estar amparados en el derecho a la libertad de expresión, dado que suponen un menosprecio y una humillación para la comunidad magrebí de forma clara y explícita, e incluyen mensajes discriminatorios que promueven la violencia entre el colectivo de personas extranjeras.