El Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado este viernes una campaña para promover el comercio legal de la ciudad y para advertir que no está permitida la compra de productos ofrecidos por vendedores ambulantes sin licencia.

El consistorio ha decidido cerrar de esta manera una semana que empezó con el despliegue de un amplio dispositivo policial para evitar que los manteros puedan vender sus productos, que funciona de 09.30 horas a 22.00 horas y lidera la Guardia Urbana con la colaboración de los Mossos y la Policía Portuaria.

"El comercio es una de las fortalezas de la ciudad de Barcelona y por eso decimos que comprar legalmente es una forma de hacer ciudad", ha dicho en la rueda de prensa de presentación de esta campaña el primer teniente de alcaldía de la capital catalana, el socialista Jaume Collboni.

A juicio del gobierno municipal, el espacio público "tiene que ser de todos para que sea auténticamente democrático" y el respeto de las normas garantiza tanto la "libertad" como la "seguridad" de la ciudadanía.

Collboni ha admitido asimismo que la venta ambulante no autorizada no supone "un problema de seguridad" sino "un problema de incumplimiento de las normas" y ha recordado que la ordenanza municipal prevé multas para quién adquieran productos de manera ilegal que llegan a los 500 euros, si bien ha señalado que esta medida es "disuasoria" y no tiene afán recaudatorio.

La campaña comunicativa del ayuntamiento de Barcelona empieza este mismo 2 de agosto y durará hasta finales de septiembre, y se hará en cuatro idiomas - catalán, castellano, inglés y francés - para que llegue también a los turistas que visitan la ciudad.

La campaña tiene dos objetivos: dar apoyo en los 60.000 establecimientos comerciales de la ciudad, que ayudan a la "cohesión social", y recordar a los visitantes que no se admite la compra en establecimientos no autorizados.

El Ajuntament repartirá 26.000 dípticos informativos y distribuirá 28.000 postales entre "los establecimientos de los principales ejes comerciales de la ciudad" para agradecer al usuario su compra y 6.100 carteles para que sean los propios comerciantes los que los cuelguen en sus tiendas.

Collboni se ha mostrado "abierto al diálogo y a hablar" con los vendedores ambulantes que así lo deseen, "pero siempre dentro de la legalidad y el cumplimiento de las normas".

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