El Ajuntament de Barcelona ha acabado publicitando, aunque fuera involuntariamente, la polémica concentración de Save Europe Act que se ha convocado para este sábado en la plaza de Sant Jaume. El acto apareció durante unos días en la agenda web municipal hasta que el consistorio lo retiró y atribuyó su publicación a un "error técnico". El episodio resulta especialmente contradictorio porque el mismo gobierno municipal había cargado solo un día antes contra la convocatoria. La primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, había asegurado el jueves que Save Europe Act "no es bienvenido" en Barcelona y había calificado las ideas que defiende el movimiento de "racistas, xenófobas" y contrarias "a la democracia y la convivencia". Así, a menos de veinticuatro horas de una convocatoria que ya había encendido el debate político, el error de la web municipal ha añadido una nueva polémica: el ayuntamiento, que asegura que Save Europe Act no es bienvenido en Barcelona, acabó anunciando durante unos días dónde y cuándo se celebraría su acto.
La convocatoria está prevista para el sábado 22 de agosto, a las 19 horas, en la plaza de Sant Jaume, y forma parte de la llegada a España de la campaña Save Europe Act, que defiende la denominada "remigración" y la preservación de la "continuidad étnica" de los europeos blancos. Entre sus promotores europeos hay activistas de la extrema derecha como Martin Sellner y Eva Vlaardingerbroek, y el manifiesto ha recibido el apoyo de dirigentes como Santiago Abascal, Viktor Orbán o Éric Zemmour.
En Barcelona, la movilización está impulsada por Reconquista España, un grupo de activistas de extrema derecha que presenta la cita como la primera acción de Save Europe Act en España y Catalunya. La misma organización ha hecho un llamamiento a participar en una "manifestación antiinmigración masiva". Reconquista España es un grupo de extrema derecha españolista creado en 2019, con presencia especialmente en Catalunya y relacionado con entornos próximos a Vox. Su portavoz es Toni Estévez, que es precisamente quien aparece como uno de los impulsores de la convocatoria de Save Europe Act de este sábado en Barcelona.
ERC denuncia una "difusión institucional"
La presencia del acto en la web municipal ha provocado la reacción inmediata de ERC. La sectorial de Ciudadanía y Migraciones de los republicanos ha asegurado que "repudia" que el Ayuntamiento haya hecho "difusión institucional" de la concentración y ha reclamado explicaciones al gobierno de Jaume Collboni. Su presidenta, Karen Barrios, ha reivindicado el compromiso de los republicanos con una Barcelona "antifascista, abierta y acogedora". La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, también ha elevado la presión sobre el PSC y ha asegurado que "no hay excusas" para impedir la celebración del acto.
— Karen Barrios (@KarenBarriosERC) August 20, 2026
El consistorio, sin embargo, niega que hubiera ninguna voluntad de promocionar la concentración. Fuentes municipales explican que el servicio de atención ciudadana dispone de información sobre todas las convocatorias que se celebran en Barcelona para poder responder las consultas que llegan a través de los canales oficiales. En este caso, sostienen, esta información saltó indebidamente de la base de datos interna a la agenda pública. "Por error, estuvo visible durante unos días", admiten las fuentes municipales, que aseguran que se retiró tan pronto como se detectó.
Una prohibición que no depende del Ayuntamiento
La petición de Alamany topa, sin embargo, con una cuestión competencial. El Ayuntamiento puede rechazar políticamente la convocatoria, pero no es quien decide si una manifestación se prohíbe. Laia Bonet ya había recordado que manifestarse es un derecho fundamental y que la competencia para modificar el itinerario o, excepcionalmente, prohibir una movilización corresponde a la Generalitat, a partir de criterios vinculados a posibles riesgos para las personas o los bienes. Los Mossos d'Esquadra están al corriente de la convocatoria y deben valorar el dispositivo correspondiente.
En Catalunya, la autoridad gubernativa competente es la Dirección General de Administración de Seguridad (DGAS), del Departamento de Interior de la Generalitat. Es este órgano quien tramita las comunicaciones de manifestaciones y concentraciones y quien puede acordar su prohibición o proponer cambios de lugar, hora, duración o itinerario. Ahora bien, una manifestación no necesita autorización previa. La prohibición es excepcional: la Ley orgánica 9/1983 solo permite impedirla cuando haya razones fundadas para prever alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes. La decisión debe ser motivada. Que el contenido ideológico de una manifestación sea xenófobo, racista o de extrema derecha no basta por sí solo para prohibirla. Jurídicamente, hay que encajar la decisión en los supuestos que permite la ley —o que el acto sea ilícito penalmente—, porque está en juego el derecho fundamental de reunión.
La concentración ultra tendrá, además, respuesta en la calle. La Coordinadora Antifeixista de Barcelona y otros colectivos han convocado una movilización en la misma plaza Sant Jaume antes del acto de Save Europe Act. Las entidades rechazan que el concepto de "remigración” se normalice y acusan al movimiento de querer convertir el racismo y la xenofobia en programa político.
ESTE 11 DE SEPTIEMBRE, CONTRA EL FASCISMO
— Coordinadora Antifeixista de Barcelona (@bcnantifeixista) August 16, 2026
El 11 de septiembre, Diada de Catalunya, plantamos cara al fascismo, el imperialismo, el racismo y la xenofobia. La extrema derecha no encontrará en Barcelona un espacio para normalizar sus discursos de odio. pic.twitter.com/N2eaJMPXhV