Los dos líderes de Junts, Carles Puigdemont y Jordi Turull, han convocado este jueves por la tarde a la ejecutiva de Junts per Catalunya para abordar y decidir el sentido del voto de los siete diputados del partido a los dos decretos ley sobre vivienda que el Congreso de los Diputados debe convalidar este viernes. Según ha podido saber ElNacional.cat, la reunión comenzará a las 21 horas y será telemática, con la participación de todos los miembros de la ejecutiva, una sesentena de dirigentes, que escucharán las explicaciones sobre las negociaciones con el Gobierno español encabezadas por la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, antes de fijar la posición del partido.
La reunión llega después de que Podemos haya confirmado este mismo jueves que sus cuatro diputados votarán a favor de los dos decretos, a pesar de las críticas de la formación de Ione Belarra al contenido de las medidas y al hecho de que el Gobierno español haya dividido el paquete de vivienda en dos textos. Belarra ha justificado el apoyo porque el Sindicato de Inquilinos había reclamado a Podemos que facilitara su aprobación. Con el cambio de posición de Podemos, el foco se concentra ahora especialmente en Junts y el PNV, que todavía no han avanzado cuál será el sentido de su voto. La dirección de los juntaires deberá valorar si apoya los dos decretos, si rechaza alguno o si opta por la abstención, después de días de negociaciones con el ejecutivo de Pedro Sánchez.
La reunión de la ejecutiva se celebrará después de los actos convocados por la ANC en la plaza Urquinaona de Barcelona con motivo del noveno aniversario del 1 de octubre y una vez finalizada la jornada del debate de política general en el Parlament. Será, por lo tanto, una reunión que concentrará en pocas horas los dos principales frentes políticos de Junts: la actividad parlamentaria catalana y la decisión sobre una votación en el Congreso que puede resultar determinante para el Gobierno español. La dirección de Junts llega a esta reunión después de haber expresado "decepción y preocupación" por el redactado final de los decretos aprobados por el Consejo de Ministros. El partido había negociado durante las últimas semanas con el ejecutivo español diversas versiones del paquete de vivienda, pero considera que el texto que finalmente ha llegado al Congreso se ha alejado de algunas de sus demandas.
Entre los puntos que generan dudas está la regulación de la compra de viviendas por parte de los fondos buitre y la protección de los pequeños propietarios. Junts también ha cuestionado la interpretación de una de las disposiciones del decreto relacionada con el derecho de compra de los inquilinos en determinados supuestos de herencia. Fuentes del Ministerio de Vivienda, sin embargo, han negado que el redactado actual permita esta interpretación y han asegurado que el problema existía en una versión anterior del texto que se intercambió con los junteros.
Dos decretos diferentes
El Gobierno español optó el martes por dividir el paquete de medidas de vivienda en dos reales decretos. El primero, que es el que ha sido negociado con los diferentes grupos parlamentarios, incluye la protección ante los desahucios de personas vulnerables hasta 2030, la prórroga durante dos años de los contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones y limitaciones a la compra de viviendas por parte de fondos buitre hasta 2028. El texto también incorpora bonificaciones para el pago del alquiler para familias con ingresos inferiores a los 33.000 euros, incentivos fiscales para los propietarios y un límite del 2% a la actualización de los alquileres. En el caso del alquiler de habitaciones, la norma incorpora una cláusula competencial por la que la regulación no se aplicará inicialmente a Catalunya, que ya dispone de una política propia.
El segundo decreto incluye una de las principales demandas de Sumar y de los sindicatos de inquilinos: la renovación automática de los contratos. El redactado prevé que los contratos se renueven automáticamente durante cinco años si el propietario es una persona física y durante siete años si es una empresa o un fondo, siempre que ninguna de las partes haya comunicado su finalización. Además, si es el propietario quien decide no renovar el contrato sin una causa justificada, debería indemnizar al inquilino con el equivalente a al menos doce mensualidades de una vivienda similar a precio de mercado. El texto también amplía de cuatro a seis meses el preaviso que debe dar el propietario. Este segundo decreto no ha sido negociado con el resto de grupos parlamentarios y es el que afronta más incertidumbre de cara a la votación del viernes.
Podemos cambia el escenario
La confirmación del "sí" de Podemos modifica el mapa de la votación. La formación morada había criticado que el Gobierno español hubiera dividido las medidas en dos decretos y había dejado entrever que el segundo texto tenía pocas posibilidades de salir adelante. Este jueves, sin embargo, Belarra ha confirmado que los cuatro diputados de Podemos votarán a favor de los dos textos después de que el Sindicat de Llogateres les pidiera explícitamente que lo hicieran. Belarra ha calificado las medidas de "migajas" y ha mantenido las críticas al gobierno de Pedro Sánchez por haber separado los decretos, pero ha defendido que Podemos no quiere convertirse en la "excusa" para que el ejecutivo no apruebe ninguna medida. El voto favorable de los morados deja ahora a Junts y al PNV ante la decisión sobre la convalidación de los textos.
El PNV tampoco ha comunicado todavía el sentido de su voto. El partido vasco expresó el miércoles dudas sobre los decretos y defendió la necesidad de proteger a los inquilinos sin "criminalizar" a los pequeños propietarios. Su presidente, Aitor Esteban, mantuvo conversaciones en el Congreso con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en plena negociación sobre los textos.
Para Junts, la reunión de este jueves tendrá también una carga política especial. La última reunión de la ejecutiva que abordó una decisión de gran trascendencia sobre la relación con el PSOE se celebró en Perpiñán, en la Catalunya Nord, hace casi un año, cuando la dirección del partido acordó romper las relaciones políticas con los socialistas después de meses de tensiones. Ahora, casi un año después, la dirección de Junts volverá a reunirse para decidir una votación que afecta directamente al gobierno de Pedro Sánchez. La diferencia es que esta vez el debate llega después de un periodo de negociación específica sobre vivienda y con la crisis residencial como uno de los principales elementos de presión política sobre el Gobierno español.
La decisión final corresponderá a la ejecutiva que Puigdemont y Turull han convocado este jueves a las nueve de la noche. Al día siguiente, los siete diputados de Junts deberán trasladar esta posición al pleno extraordinario del Congreso, que está fijado a las 11h, donde también estará en juego la convalidación del segundo decreto, el que establece la renovación automática de los contratos de alquiler.